La suspensión definitiva de las obras en el manglar Tajamar, en Cancún, ha puesto en jaque al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que podría enfrentarse a la demanda de empresarios que adquirieron predios en la zona así como la reparación del daño que afectó al área ecológica, esto si así lo determina el juez.
La noche del martes, el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún otorgó una suspensión definitiva a las obras de desmonte y relleno en torno al desarrollo turístico del manglar Tajamar, esto en espera de que se realice un juicio de amparo promovido por un particular con base en uno de los procedimientos legales que se inició tras la devastación en el predio administrado por el Fonatur.
De acuerdo con la asociación internacional ambientalista Greenpeace, esta suspensión debe acatarse hasta que el juzgado realice el juicio de amparo solicitado y se emita al fallo correspondiente, lo cual podría llevar meses o años.
Asimismo, Araceli Domínguez, vocera de la asociación Salvemos al Manglar Tajamar, indicó que de resultar favorable la resolución del juez hacia el amparo, podrían solicitar que se demande a Fonatur la reparación del daño hecho a 57 hectáreas de dicho ecosistema.
“El juez determinaría las consecuencias de una sentencia a favor de la ciudadana, que puede ser la reparación del daño, pero esto se definirá al final del juicio, que puede durar años. Lo que nos da una buena señal es que el juez haya determinado la suspensión definitiva con base en que el interés público está por encima del privado”, comentó la activista en entrevista telefónica.
Por ortra parte, empresarios dueños de predios en el Malecón Tajamar comentaron en días recientes que de no haber continuidad con el proyecto podrían demandar al Fonatur por las pérdidas económicas que ha causado la imposibilidad de iniciar con las obras proyectadas en la zona.
Asimismo, Domínguez subrayó el costo político que tendrá para el Fonatur continuar con el juicio, debido a las irregularidades que hay en torno al proyecto de Tajamar, entre ellas que la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió que la reubicación de especies fue parcial, lo que significa es aceptar que no cumplieron con esta condicionante.
De acuerdo con Greenpeace, la suspensión definitiva en Tajamar sienta un precedente para que evitar que cientos de proyectos similares avancen en todo el país y es un revés para las autoridades ambientales que han insistido en la legalidad del proyecto.