OAXACA DE JUÁREZ. Representantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) agrupación que integra a 18 asociaciones civiles de Oaxaca y sacerdotes de esta entidad, exigirán al apa Francisco su intervención para que el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández sea juzgado por la ley civil y clerical, luego de haber abusado por años de más de 100 niños indígenas en las diferentes comunidades en donde prestó su servicio sacerdotal.

 

Además, le demandarán que sea en México, acepte cambiar los mecanismos institucionales de la Iglesia Católica, para dejar de proteger a los sacerdotes y descalificar a las víctimas que a pesar de que sufren el abuso sexual de los curas, siguen siendo señalados y condenados por atreverse a denunciar los abusos a los que son sometidos.

 

El sacerdote activista, Alberto Athie Gallo agregó que también buscarán entregarle la carta de la señora Narcisa Mendoza, madre que redactó una misiva el pasado 5 de noviembre, en donde pide justicia después de haber comprobado que su hijo fue abusado por el padre Gerardo Silvestre.

 

Acompañado por los sacerdotes Apolonio Merino Hernández y Jorge Pérez García, lamentó que después de haber dado a conocer uno solo de los casos de abuso sexual que cometió Gerardo Silvestre siga sin haber una condena en su contra.

 

“Como organización hemos contado más de cien casos de abuso, desde el 29 de noviembre del 2013 el párroco está recluido en el centro de Reinserción Social 12 pero no se le ha dictado sentencia”, acusó.

 

En ese sentido, el sacerdote Apolonio Merino Hernández, quien fue suspendido de sus obligaciones sacerdotales por el arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por haber denunciado esta caso, luego de atender personalmente a una de las víctimas, lamentó que su testimonio haya sido demeritado por el arzobispo, quien minimizó este hecho y protegió al padre Silvestre Hernández.

 

“A mí se me señaló por escuchar, acompañar y conducir, me acusaron de romper con la comunidad eclesiástica, de loco, de enfermo, me persiguieron, pero, ¿dónde quedan las víctimas?”, cuestionó.

 

“Mi hijo fue su víctima, se los llevaba al curato”

 

En la misiva escrita por Narcisa Mendoza, con algunas faltas de ortografía, se puede leer:

 

“El cura Gerardo Silvestre hace más de cinco años cometió abusos contra los niños del pueblo, mi hijo fue su víctima, se los llevaba al curato y los emborrachaba para abusar de ellos”.

 

Por su parte, el padre Jorge Pérez García, quien también fue suspendido de sus funciones clericales, aseguró que después de denunciar este hecho por haber atendido a otro de los menores abusados, el arzobispo se comprometió a mandar a una comisión a investigar lo sucedido en la Sierra, pero lamentablemente esta “supuesta comisión investigadora” no encontró ningún delito.

 

“Las personas que envió no fueron las más indicadas, lejos de oír la verdad amenazaron a los padres de familia con mandar a sus hijos al Consejo de Tutela, la respuesta de Roma fue una carta, en la que le manifestaron que no encontraron los delitos que le imputaban al padre Silvestre, por lo que la causa quedaba desestimada”, esta misiva, indicó, fue firmada por Luis Ladaria, Arzobispo titular de Thibica, secretario.

 

El Vaticano, afirmó, nunca hizo una investigación real, llegaron a esa conclusión contando con el voto del arzobispo, quien a su vez descalificó a 9 sacerdotes que trataron de ayudar a los niños.

 

“Chávez Botello supo de la comprobada homosexualidad del padre Silvestre desde que era seminarista y aún así decidió ordenarlo, a pesar de que se le recomendó que no fuera ordenado por esta preferencia”, señaló.

 

Los padres suspendidos afirmaron que no buscaban el poder dentro de la Iglesia, al afirmar que no se valía que el arzobispo haya suspendido a nueve sacerdotes con tal de proteger a uno.

 

“Cómo es posible que la Iglesia haga esto para proteger su propia imagen, como institución no está dispuesta a hacer justicia a pesar del clamor de las víctimas a quien dice proteger, después de miles de casos es necesario cambiar el modelo de protección institucional, hasta hoy la respuesta del Papa Francisco sigue siendo que no, por eso hay un gran abismo entre lo que dice y hace”, puntualizó Alberto Athie Gallo.