Asambleístas de Morena y del Partido Humanista coincidieron en que es inconstitucional el Contrato Administrativo Multianual de Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional Aleida Alavez argumentó que dicho contrato viola flagrantemente el párrafo noveno del Artículo 21 constitucional, en el sentido de que se está delegando indebidamente funciones del Estado hacia un particular.
Explicó que en el contrato administrativo, en las cláusulas primera y sexta, se desprende que es la empresa la que realizará la imposición de la infracción y hará la distribución de la multa.
Esto es, reiteró, la empresa está realizando la imposición y publicará o entregará la multa impuesta.
Declaró que con esto se advierte que dada la inconstitucionalidad del contrato genera un vicio de fondo en la multa, por lo que los particulares por la vía de amparo o juicio de nulidad ante el tribunal contencioso podrán atacar la multa.
En tanto, el diputado local por el partido Humanista Luciano Jimeno Huanosta sostuvo que subrogar, concesionar o delegar facultades trastoca los derechos del automovilista y hasta de la policía de tránsito, obligada a cubrir una “cuota” de infracciones.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) indicó que esta situación abre el espacio para que los automovilistas puedan ampararse ante un Reglamento de Tránsito que trastoca sus derechos.
Aclaró que no basta con “suspender las infracciones del Reglamento de Tránsito para los primeros infractores ni aumentar su difusión” si la Secretaría de Seguridad Pública evade sus funciones y mantiene políticas punitivas mercantilistas que violentan derechos.
Jimeno Huanosta recordó que hasta para verificar primero debes pagar las multas, porque en los verificentros, así como en todo, la política es: “no hay de otra, pagas y después te quejas”.
Entonces, “no engañemos más al ciudadano, incluso con una supuesta prórroga para aplicar las infracciones en el Reglamento de Tránsito, porque para exigir hay que cumplir, sin generar más encono social”, dijo el diputado local.
El legislador precisó que desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa se revisan las infracciones consideradas en el Reglamento de Tránsito, para ver cuáles son sólo negocio y cuáles cumplen con el objetivo de prevenir y de impulsar la cultura vial.