Hay instituciones en México en las que sus titulares han sido expertos en la materia y se nota en su desempeño, por ejemplo el Banco de México o el INEGI. Pero hay otras que simplemente han servido como plazas laborales políticas para los gobernantes en turno.

 

No hay duda que una de las oficinas de gobierno que han servido como refugio político priista es la Procuraduría Federal del Consumidor.

 

Déjeme darle los nombres de tan sólo algunos de los que en las últimas décadas han sido titulares de la Profeco y usted me dirá si cuidar a los consumidores ha sido una prioridad en el país.

 

Emilio Chuayffet, Javier Coello Trejo, Ignacio Pichardo Pagaza, Fernando Lerdo de Tejada, Roberto Campa Cifrián. Sin regatear sus habilidades políticas y administrativas, ninguno de ellos fue un experto en el tema de defensa de los consumidores y ninguno continuó con esa labor tras su paso por la Profeco.

 

Este sexenio la historia no ha cambiado. El primer procurador del consumidor de esta administración fue el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez, quien no tenía experiencia en defensa de los consumidores, pero sí tiene una hija prepotente que lo metió en problemas y lo forzó a renunciar.

 

El segundo procurador fue otro mexiquense cercano al presidente Peña Nieto. El caso de Alfredo Castillo es sui géneris porque este auténtico bateador emergente del equipo del Presidente se involucró rápido en estos temas y le dio un efímero brillo a la Profeco.

 

Como pocas veces la Procuraduría Federal del Consumidor se hizo respetar como una instancia con dientes en defensa de los vulnerables consumidores mexicanos. Pero entre su hiperactividad, su alma mercenaria y la cercanía con el Presidente, Alfredo Castillo sólo duró ocho meses en el cargo antes de mandarlo de gobernador facto del estado de Michoacán.

 

La Profeco perdió de inmediato su brillo y regresó al estatus de ser una agencia de colocaciones, con un presupuesto elevado, oficinas en la cotizada colonia Condesa, y una acogedora silla para acomodar a algún político amigo.

 

Así llegó Lorena Martínez, cuadro directivo del PRI, ex alcaldesa de Aguascalientes y aspirante, desde entonces, al gobierno de ese estado. No se puede demeritar su carrera política, pero a lo largo de estos dos últimos años la Profeco ha brillado por su ausencia.

 

El mercado comercial mexicano es uno mal autorregulado, en donde las gasolineras siguen robando a sus clientes, donde telefónicas, cableras y eléctricas siguen con un terrible servicio.

 

Si usted va y se queja y trata de iniciar un proceso de conciliación, le van a dar fecha dentro de seis meses para que lo sienten con el mal proveedor.

 

Su famoso “Quién es quién en los precios” está abandonado y los datos que tiene son incompletos e incorrectos. La “Revista del Consumidor” es poco interesante, repetitiva y sin mayor valor agregado.

 

En fin, un presupuesto anual de mil 300 millones de pesos que no tiene correspondencia con un trabajo que se note.

 

La próxima semana Lorena Martínez se va a tramitar la candidatura de su partido al gobierno de Aguascalientes, suerte. La Profeco queda acéfala y más que eso queda claro que la defensa de los consumidores no es una prioridad de la Secretaría de Economía, que es cabeza de esta oficina política de gobierno.