Por el delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 52 estudiantes normalistas de Michoacán fueron consignados ante el juez por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República.
La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), a través de su Delegación en Michoacán, inició las investigaciones en su contra.
A los supuestos estudiantes se les acusa de su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Entre los detenidos hay 22 mujeres que fueron enviadas al Centro Federal de Readaptación Social No.16 CPS Femenil, Coatlán del Río, Morelos; y 30 hombres que fueron consignados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No.12 Ocampo, Guanajuato, detalló la PGR en comunicado de medios.
De acuerdo con la información contenida en la indagatoria, el lunes 7 de diciembre, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizaron un operativo de seguridad y disuasión delictiva sobre la autopista Siglo XXI, pasando la caseta de Zirahuén con dirección hacia Uruapan, Michoacán.
“A la altura del kilómetro 65+000 de dicha autopista lograron la detención de las 52 personas en posesión de 25 latas metálicas las cuales estaban envueltas en su parte superior con cinta canela color café y en su base presentaban una mecha de pólvora.
“A estas personas también se les encontró 13 petardos o cohetones color café adheridos a un palo de aproximadamente un metro de largo”, resaltó la PGR en su mensaje.
El día de los hechos, un grupo de unos 60 normalistas tomó la caseta de Zirahuén donde retuvo tres autobuses para exigir plazas de trabajo automáticas para mil 200 aspirantes a profesores de ocho escuelas normalistas.
En consecuencia hubo un enfrentamiento entre policías y manifestantes identificados como alumnos de la normal indígena de Cherán y comuneros de la zona purépecha.
Más tarde llegaron refuerzos de los manifestantes que acudieron a la Procuraduría de Justicia local para exigir la liberación de sus compañeros.