El Gobierno del Distrito Federal comenzó ayer la demolición del inmueble ubicado en Altavista número 111, a casi un mes de los deslaves registrados en esa zona de Santa Fe.
Hasta el lugar acudieron alrededor de 220 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quienes resguardarán el área durante toda esta semana y se retirarán paulatinamente conforme avancen los trabajos.
Manuel Granados, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF, informó que luego de transcurrir las 48 horas otorgadas al propietario de la casa, Arturo Rosette, para agotar los procesos administrativos, se procedió a la demolición del inmueble con el apoyo de la fuerza pública.
Los costos de la demolición correrán a cargo del dueño del inmueble y los trabajos se realizarán en seis semanas; sin embargo la estabilización total del talud requerirá obras en los próximos seis meses. El regreso de las 116 personas desalojadas a sus departamentos, dependerá del avance de estos trabajos.
Si el particular no puede cumplir con el pago de todas las obras en torno a la casa y su demolición, procedería un crédito fiscal para que pueda cumplir con su obligación.
El funcionario explicó que primero se hará una intervención sin maquinaria pesada, y los trabajadores únicamente utilizarán herramientas para quitar instalaciones que pudieran poner en riesgo la demolición.
Aclaró que el terreno no se convertirá en propiedad del gobierno capitalino, y además, junto con esa vivienda se realizarán tres intervenciones sobre el talud para fortalecerlo, con base a estudios realizados con las recomendaciones.
Miguel Ángel Salazar, jefe delegacional en Cuajimalpa, declaró que las labores de estabilización costarán 18 millones de pesos y serán realizadas por la empresa TGC.
Informó que además de Vista del Campo, hay otras áreas de la demarcación que se encuentran en situación de riesgo, por lo que han emprendido trabajos con el GDF para la detección de asentamientos irregulares.
En tanto, vecinos de Santa Fe afirmaron en un comunicado que presentarán demandas por daños y perjuicios contra los responsables, que tenían órdenes, desde 2007, para fortalecer el talud y desmontar antenas de telecomunicaciones.