La infraestructura, organización, funcionamiento y las políticas de los centros penitenciarios no están adaptados para las mujeres y son temas que siguen pendientes, afirmó la priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, quien preside la comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Durante la inauguración del foro “Internacional Mujeres en Reclusión: Legislación y Políticas Públicas con perspectiva de Género”, aseguró que en este tema se ha avanzado, pero aún quedan varios asuntos pendientes.
Agregó que la intención es vislumbrar propuestas y analizar la legislación aplicable a políticas públicas, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres que viven en reclusión, a través de la mirada de organizaciones de la sociedad civil, la academia, las instancias gubernamentales y el Poder legislativo.
La diputada del PRI afirmó que a pesar de que las mujeres representan menos del 5.0 por ciento del total de la población en estado de reclusión, se deben crear políticas públicas con perspectiva de género, para garantizar sus derechos fundamentales.
“Se tienen pendientes políticas públicas, pero con una perspectiva de género, para asegurar que cada mujer en reclusión cuente con la garantía de sus derechos humanos”, expresó.
Subrayó que el incremento del número de mujeres en reclusión, por diferentes tipos de delitos del fuero común o federal, es un tema que se abordará en esta LXIII Legislatura. “Vamos a trascender con diferentes acciones legislativas para beneficio de las mujeres mexicanas”.
La diputada Erika Rodríguez Hernández, quien preside de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), expuso que en México las mujeres que por amor, pobreza o ignorancia cometieron un delito, son además marginadas, discriminadas y rechazadas por la sociedad, el Estado y las familias.
“Además de enfrentar un proceso penal o una condena, pierden sus vínculos familiares y viven la peor discriminación y marginación, son abandonadas y se agudiza el deterioro económico, su contexto de vida es devastador”, explicó.
Sostuvo que las reclusas indígenas y adultas mayores son triplemente marginadas, pues además sufren de falta de igualdad y oportunidades.
“Se enfrentan a un sistema de justicia indolente e insensible, expuestas por su indefensión y en condiciones de desigualdad por su condición étnica, con la ausencia de una representación jurídica para su defensa y falta de igualdad de oportunidades”, aseguró.