César Omar Martínez Zendejas, alias Omar o El Omarcito, el tercer implicado en el multihomicidio de la Colonia Narvarte, rindió su declaración preparatoria ante el Juez Séptimo Penal del Reclusorio Norte, Fernando Guerrero Zárate, en la que sólo ratificó su declaración ministerial y negó pertenecer a Los Zetas.
El inculpado aseguró ante el agente del Ministerio Público que él no le disparó a las víctimas, pero el representante social tomó en cuenta otros elementos de prueba en su contra para consignarlo por su presunta participación en los hechos, aunque en el desahogo de pruebas se definirá el grado de participación que tuvo cada uno de los procesados por cuatro feminicidios, un homicidio y robo agravado.
Entre los elementos de prueba que el MP agregó al expediente de consignación de Martínez Zendejas, quien al parecer es diseñador gráfico, constan los videos del sistema C4 del Gobierno de la Ciudad, con fecha 31 de julio de 2015, en el que se ve a Martínez Zendejas cuando salió del edificio 1909 de Luz Saviñón, Colonia Narvarte, después de Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino.
Ese día fueron asesinados asesinadas en el departamento 401 Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.
La procuraduría capitalina también cuenta con la relación de llamadas de los teléfonos Nextel que realizaron los tres implicados entre ellos antes, durante y después de los crímenes citados.
Daniel Gutiérrez Pacheco y Abraham Torres Tranquilino mencionaron en su declaración ministerial el número de teléfono de Omar, de 32 años de edad, y los investigadores realizaron el análisis de voz y datos del tercer detenido así como diversos peritajes que lo ubican en tiempo y lugar en la escena del crimen, informó la PGJDF.
El Mustang rojo de Mile fue robado presuntamente por Abraham, quien posteriormente se lo entregó a Omar y fue éste el que lo abandonó en calles de la delegación Coyoacán, de acuerdo con la acusación del primero.
El defensor de oficio solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para reunir pruebas de descargo, por lo que el sábado el impartidor de justicia definirá su situación jurídica, de formal prisión o de libertad.