La fracción parlamentaria de Morena presentó en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Austeridad República, misma que anunció el pasado 1 de septiembre.
La propuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pretende disminuir los salarios y prestaciones de los altos funcionarios, empezando por el Presidente de la República; así como revocar el contrato del avión presidencial, evitar compras de vehículos terrestres y aéreos para personal administrativo.
Además de eliminar prestaciones, como el del seguro de gastos médicos mayores, de separación individualizada, de representación y las pensiones de los ex presidentes.
“Reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial. Algo que es particularmente urgente, es el ajuste en el gasto de comunicación social”, dice el documento.
Al fijar postura, la diputada Araceli Damián González (Morena) dijo que se podría ahorrar unos 450 mil millones de pesos. “Todos ellos en renglones de gasto corriente, distinto a los programas de apoyo social”.
“Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gastos no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016, e incluso incrementarlos”, afirmó.
Añadió que los recursos serían también suficientes para mantener el gasto social y la inversión para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.
“México se enfrenta a una gran crisis, la inestabilidad internacional está en una puerta. No podemos permitir que en esta Cámara de Diputados la pobreza siga creciendo, las carencias en este país. No solamente estamos hablando de los 55 millones de mexicanos reconocidos por este gobierno, hay adicionalmente 40 millones de mexicanos que tienen vulnerado alguno de sus derechos reconocidos por el gobierno federal”, argumentó.
Afirmó que se habla de unos 100 millones de mexicanos que no tienen cubiertos sus derechos socioeconómicos, que requieren de un apoyo y requieren que la Cámara de Diputados legisle para ellos.