Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y burócratas del Poder Judicial de Guerrero, se enfrentaron con policías estatales luego de que los uniformados trataron de desalojar un platón en el juzgado del Poder Judicial en el municipio de Tixtla. El saldo fue siete heridos: seis policías y un normalista.
Los trabajadores del Poder Judicial en Guerrero llevaban 29 días en plantón en los 17 juzgados del estado, en exigencia de un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Por tal motivo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, solicitó el desalojo en todas las sedes y la respuesta en al menos dos municipios.
Cuando el grupo antimotines llegó al juzgado de Tixtla la madrugada de ayer, los manifestantes buscaron ayuda para mantenerse en su plantón, obteniéndola de los normalistas de Ayotzinapa y de los maestros de la CETEG. Así, fue poco después de las 10 de la mañana cuando arribaron al lugar los refuerzos.
Luego de un par de horas de diálogo, donde los normalistas y maestros pidieron a los policías retirarse, comenzó el enfrentamiento. Mientras que los policías denuncian que el primer ataque fue de los normalistas al golpear y quitarle los escudos y toletes a tres policías, los manifestantes dijeron que durante el operativo se lanzaron gases lacrimógenos.
El enfrentamiento duró alrededor de media hora, dando como resultado seis policías y un normalista heridos, además de decenas de golpeados.
En el mismo operativo, el edificio del Juzgado de Caleta también hubo un enfrentamiento, denunciaron integrantes del Sindicato Independiente de Servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
En esa localidad los policías llegaron a las 6 de la mañana para el desalojo, el cual resultó exitoso un par de horas después; los burócratas aseguraron que una abogada y su hija sufrieron de golpes de parte de los uniformados.
En los otros 15 juzgados los desalojos se dieron de forma tranquila, incluso en Chilpancingo se regresó a la actividad de forma parcial con la entrada de 4 magistrados, quienes retomaron sus casos pendientes.
Para resolver el conflicto laboral y posibles consecuencias de esta operación policiaca, los inconformes solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, para que encabece una mesa de diálogo con las autoridades.