Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno del Estado de México violentaron garantías individuales de por lo menos 53 ciudadanos en los hechos del caso Tlatlaya.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que depende de la Presidencia de la República, reveló que hasta el momento acompaña a 53 ciudadanos por haberse violentado sus derechos fundamentales, de ellos 22 de manera directa y 31 indirecta.
En el informe, del que 24 HORAS posee copia, se precisa que los militares violentaron, el pasado el pasado 30 de junio, el “derecho a la vida, a la verdad y a la debida procuración de justicia y derecho a la integridad” de por lo menos 50 personas.
Expresa, además, que funcionarios de la administración de Eruviel Ávila Villegas violentaron “la integridad, seguridad personal y libertad sexual, así como el derecho a la verdad, acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y procuración de justicia”, de las víctimas.
Dicho informe agrega que la PGR, a cargo en aquel momento de Jesús Murillo Karam (hoy titular de la Sedatu), violentó el derecho al “acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito”.
Por estos atropellos, Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAV, expresó a diputados federales -durante una reunión sostenida ayer en San Lázaro- que dicha comisión acompaña a las víctimas para presentar las denuncias correspondientes “contra quienes cometieron irregularidades, a fin de que sean sancionados”.
Rochín del Rincón explicó que el Estado mexicano estaría dispuesto a reparar el daño siempre y cuando las victimas lo soliciten. “Cuando hay un delito, la Ley prevé que un máximo en compensación subsidiaria, a la persona que cometió el delito, es un millón de pesos, más o menos”.
Por separado, la legisladora Loretta Ortíz (Morena) dio a conocer, en entrevista con este diario, que las autoridades aún no han podido establecer la identidad de tres de las 22 personas asesinadas en el municipio de Tlatlaya, a manos de soldados.
“De las 22 víctimas que se registraron, hay tres cuerpos que aún no son reconocidos, ni por las autoridades del Estado mexicano, ni por los familiares que podrían reconocerlos; esto es grave, porque no se sabe nada de estas personas”, denunció.
Lamentó que el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados no haya sido atendido por el gobernador Eruviel Ávila, ya que aún queda pendiente explicar por qué el expediente de este caso lo turnaron hasta julio del año pasado, es decir, después de un mes de registrarse los hechos.
“Este asunto originó que tres mujeres estuvieran detenidas y encarceladas en Nayarit, ¡que eran inocentes!, sin tomar en cuenta que hasta el momento las autoridades de la Sedena no han precisado quién ordenó la ejecución de estas 22 personas”, argumentó.