WASHINGTON. La batalla política que protagonizan republicanos y demócratas en el Congreso de EU sobre las medidas migratorias de Barack Obama y el presupuesto de Seguridad Nacional entra esta semana en su recta final para lograr un acuerdo antes de la fecha límite, este viernes 27 de febrero.
El Congreso volverá a su actividad legislativa después de diez días de receso y habrá de llegar a un punto común que permita dotar de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen desde las estrategias antiterroristas hasta la seguridad fronteriza y migratoria.
Precisamente, en este aspecto es en el que los republicanos quieren cambiar el rumbo marcado por el mandatario, quien el pasado noviembre emitió una extensión de la acción ejecutiva para evitar las deportaciones a los jóvenes sin documentos criados en EU y una nueva para los padres en situación ilegal de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
La Cámara de Representantes, de gran mayoría conservadora, ya aprobó el proyecto de financiación del departamento sin fondos para la ejecución de las medidas, sin embargo, en el Senado el texto no ha podido prosperar al ser bloqueado por los demócratas antes de un voto final.
Los líderes del Partido Republicano están siendo presionados por los miembros más moderados de su bancada, quienes prefieren que se apruebe la ley sin condiciones antes que dejar sin liquidez a las agencias de las que depende la seguridad de EU.
Mientras tanto, el ala ultraconservadora, se niega a que así sea, y prefiere que se someta de nuevo a votación el texto original, aunque Obama ya ha advertido de que de aprobarse en el Congreso, él hará uso de su derecho a veto.
Un punto muerto en la Cámara alta podría forzar una reunión de urgencia entre los republicanos, quienes desde noviembre controlan las dos cámaras y serían culpados directamente por dejar sin fondos al DHS.
Las medidas migratorias del mandatario han levantado ampollas entre los conservadores al haber sido tomadas de manera unilateral, lo que ha derivado en una demanda por parte de 26 estados -gobernados por republicanos- que reclaman la inconstitucionalidad de las mismas.
Precisamente esta semana, a raíz de dicha demanda, un juez federal de Texas emitió una medida cautelar y puso en espera la entrada en vigor de las acciones ejecutivas, cuyas inscripciones para los posibles beneficiados iban a comenzar el pasado miércoles.
La Administración ha respondido presentando una apelación a la decisión judicial, pero hasta que esa vía no se agote, las medidas quedarán suspendidas.
Si nadie se mueve y vence el plazo, el Departamento de Seguridad Nacional tendría que dejar sin sueldo varios días a 30 mil de sus empleados y limitar considerablemente sus operaciones.
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