Un sistema de justicia que privilegia los derechos de los acusados, comisiones de atención que no existen o no funcionan, un fondo millonario de apoyo ya autorizado pero cuya burocracia impide que fluya un solo centavo, es la realidad que enfrentan las víctimas de los delitos en México.
Así lo denunciaron ayer especialistas y activistas en el marco del Primer Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso” organizado por la asociación civil Alto al Secuestro, y al que asistió el presidente Enrique Peña Nieto y los principales miembros del gabinete de seguridad.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la referida asociación, señaló que las víctimas son las grandes olvidadas en un sistema actual que, bajo el argumento de las “violaciones al debido proceso”, prioriza la visión del imputado sobre los ofendidos. Es una “justicia a medias… Una justicia tuerta” acusó.
El ex consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, señaló que el nuevo sistema penal ha enfocado equívocamente el principio de garantía llevando a los jueces a ponderar primero los derechos del procesado por encima de las víctimas.
“No hay claridad en el concepto del debido proceso, y se han magnificado el efecto de las violaciones procesales en relación con los derechos humanos (…) Hay negación de acceso a la justicia y discriminación para las víctimas, debemos apelar a un proceso equitativo, a un proceso donde las víctimas tengan acceso a la justicia”, indicó.
El magistrado federal José Nieves Castro subrayó que el concepto del “garantismo” que presume el nuevo sistema no debe enfocarse sólo sobre el derecho de una de las partes. Además dijo que se ha caído en el error de ponderar la despresurización del sistema por encima de la aplicación de la justicia. “El debido proceso no es tal sino atiende a la equidad, a la racionalidad”, agregó.
Desamparo
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, señaló que en lo que referente al sistema de protección a víctimas también hay mucho trabajo por hacer.
Prueba de ello, indicó, es que solamente nueve estados, Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, cuentan con un comité estatal de atención a víctimas, que es el responsable de orientar los apoyos y asesoría bajo la nueva legislación.
Otro aspecto pendiente es el del Fondo de reparación del daño, contemplado en la nueva Ley de Atención a Víctimas. Wallace dijo que dicho fondo cuenta con mil millones de pesos, sin embargo no se ha repartido un solo centavo.
Sí hay pendientes: EPN
Al inaugurar el foro, el presidente Enrique Peña Nieto hizo hincapié en que la Ley General de Víctimas fue un paso importante en materia de protección de derechos de personas agraviadas por los delitos, aunque no negó que existen aún pendientes para que se materialice en los hechos un marco jurídico equitativo.
“Lamentablemente las víctimas siguen aún ocupando un papel secundario cuando deberían ser el centro del sistema de justicia (…) es verdad que observamos deficiencias en la ley general de víctimas, como bien se ha apuntado, pero estamos trabajando y el esfuerzo compartido nos ayudará”, dijo.
El jefe de Gobierno Miguel Mancera, también presente en el evento, dijo que las leyes son perfectibles y no hay letra muerta. Eso sí, consideró prioritario que no se politicen los temas de seguridad ni aplicación del sistema penal, pues eso en ligar de generar progreso solo crea obstáculos.
Martí pide observatorio para sistema judicial
Es necesario un observatorio ciudadano que esté al pendiente de las determinaciones judiciales, sobre en aquellos casos donde se ponga en libertad a los delincuentes bajo el argumento legal de violaciones al debido proceso, dijo Alejandro Martí, presidente de la asociación México S.O.S.
En su participación en el foro “Equidad para las Víctimas en el Proceso Penal” consideró que actualmente hay un abuso sobre dicha figura jurídica por las cuales los inculpados han alcanzado la libertad a través de la vía del amparo u otras herramientas jurídicas.
Explicó que si bien hay un reconocimiento de la presunción de inocencia para la parte acusada, también serán los jueces quienes tengan que determinar si se están violentando las garantías base en las pruebas que aporte el ministerio público.
“El debido proceso se ha utilizado como pretexto para liberar a muchos delincuentes, en los últimos tiempos hemos tenido liberaciones bastante absurdas, y lo único que acusan es corrupción, por eso creo que es muy importante que el Consejo de la Judicatura se refuerce y que se tenga un observatorio ciudadano”, dijo el activista.