El Congreso de la Unión contará con apenas siete días, a partir del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones (el 1 de febrero), para aprobar dentro del plazo establecido la legislación secundaria en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que complementa la reforma constitucional aprobada en noviembre del 2013.
Según se estableció en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia, que entró en vigor en febrero del 2014, el Congreso deberá expedir, entre otros ordenamientos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares antes del 7 de febrero de este año, esto con el objetivo de hacer aplicables los cambios constitucionales que ambas Cámaras legislativas aprobaron.
Sin embargo, a más de un año de lograr modificaciones a 11 artículos constitucionales para rediseñar el sistema de transparencia y acceso a la información en nuestro país, el único avance en la materia es la presentación de al menos tres iniciativas por las que se expide la normatividad de esta reforma, las cuales se encuentran pendientes en comisiones.
Fue el pasado 2 de diciembre (un mes después de lo previsto), que la senadora Arely Gómez González, del PRI, presentó a nombre de todos los grupos parlamentarios (con excepción del PT) la iniciativa para expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proyecto legislativo que se definió por un grupo conformado por legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, el 7 de diciembre, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, presentó ante el Pleno la iniciativa para abrogar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cambio de expedir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, y pese a contar con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Cámara alta para cumplir en tiempo con la aprobación de las leyes secundarias, ambas propuestas están bajo el estatus de “pendiente” en las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como en la de Estudios Legislativos Segunda, encargadas de dictaminarlas y llevarlas al Pleno para su eventual aprobación. Pero no será hasta el primero de febrero que la reapertura de los trabajos ordinarios permita retomar este asunto.
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, no fue sino hasta el pasado 22 de diciembre, que la diputada Areli Madrid Tovilla, del PRI, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de ley complementaria a la citada reforma, por la que se plantea expedir la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de las Autoridades. Esta ley tiene el objetivo de proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad y organismo de los tres niveles de gobierno. Al igual que las dos iniciativas presentadas en el Senado, la iniciativa de ley secundaria anunciada por la legisladora Madrid Tovilla quedó pendiente. Su último trámite fue el turno a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, donde se habrá de realizar el mismo proceso que en su colegisladora.