La nueva Ley General de Aguas se discutirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Temas como la creación de un organismo autónomo sancionador, tratamiento de aguas residuales y participación ciudadana es lo que preocupa a legisladores y especialistas en el tema.
Esta nueva Ley sustituirá a la Ley de Aguas Nacionales, esto como parte de la reforma constitucional al artículo 4 que reconoce el derecho humano al acceso a agua potable a todos los mexicanos. Dicha reforma se aprobó en febrero de 2012, por lo que el tema se incluyó en el Pacto por México, esto en los compromisos 50, 51 y 52.
“Estamos diseñando un documento que seguramente al principio del siguiente periodo ordinario, en febrero, podamos presentar una iniciativa de Ley que derogue la actual, que sería una Ley General de Aguas”, dijo Gerardo Gaudiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados.
El retraso de la discusión de esta nueva Ley se debió a los foros “El agua. Un derecho fundamental en México”, donde organizaron 50 mesas de trabajo con empresarios, académicos, representantes de gobierno, productores y legisladores de diversas partes del país.
A su consideración, la parte más importante de esta nueva Ley es la creación de un órgano independiente que garantice el cumplimiento de las concesiones y, en su caso, aplique sanciones que van desde las multas hasta el retiro definitivo de los permisos de explotación.
“Estamos apostando por un órgano que no dependa de Conagua, que sea externo, y que pueda sancionar realmente a los funcionarios que infrinjan la ley.”, añadió.
Para el ex director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, además de las sanciones, los tres niveles de gobierno tienen que asumir su responsabilidad en el manejo del agua esto por medio del tratamiento de aguas residuales, un sector abandonado, pues en 2012 sólo el 60% de éstas iban a parar a alguna planta tratadora.
“La Conagua, que fue lo que a mí me paso, nos dedicamos a firmar convenios con municipios para que se comprometían a tratar el agua, pagaban los derechos de descarga, la Conagua le devolvía el monto para invertirlos en infraestructura de tratamiento, pero la verdad eso no sucedía”, explicó Luege Tamargo.
En cambio, Pedro Moctezuma, integrante del grupo Agua para Tod@s, dijo que la propuesta que tiene ahora la Cámara de Diputados no considera la participación ciudadana en la administración de aguas ni garantiza el acceso de ésta a grupos vulnerables, sino que apuesta por un modelo de concesiones como el que hasta ahora se tiene.