Todos los integrantes del gabinete legal del Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberán hacer pública, a más tardar el 15 de enero, su declaración patrimonial a la Contraloría capitalina, reservando sólo los datos personales que puedan vulnerar su seguridad.
Así lo ordenó ayer el mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien subrayó que la instrucción es para “todo el gabinete legal, sin excepción”. Y quien se niegue a revelar sus bienes, “conoce cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”.
La instrucción se dio en la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización y Combate a la Corrupción, que agrupa a distintas dependencias, cuyo objetivo es diseñar políticas públicas, emitir proyectos legislativos, intercambiar información y revisar casos concretos en la materia.
El tema de la transparencia de bienes también fue tratado ayer por la mañana entre Mancera y los 16 jefes delegacionales, quienes por unanimidad decidieron secundar la propuesta, por lo que igualmente revelarán su declaración patrimonial, a lo que hoy no están obligados.
No es el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) quienes, a petición de la Comisión de Gobierno, se podrán someter a pruebas de control de control de confianza ante la Contraloría, pero sólo de manera voluntaria.
El contralor Hiram Almeida admitió que en el caso de los diputados será una práctica que “queda a nivel personal”, pero reveló que hasta ahora dos legisladores han hecho la solicitud para ser evaluados, aunque no precisó los nombres ni los partidos.
“Este tipo de exámenes (de control de confianza) se realizan actualmente a los servidores públicos de nuevo ingreso en la administración local, (pero) a partir del año que entra los vamos a realizar con la totalidad de los mandos medios y superiores en esta capital, en este Gobierno”, adelantó Mancera.
Las instrucciones de Mancera se dan días después de las renuncias de los Oficiales Mayores del GDF y la ALDF, Édgar González y Josué Ramos, respectivamente, quienes han sido señalados de presunta corrupción a través de videos anónimos difundidos en redes sociales.
El Sistema Anticorrupción estará coordinado por un Consejo encabezado por el Jefe de Gobierno y el Contralor General, y sesionará de manera mensual a partir de enero, para revisar distintos temas que tendrán que ser propuestos por los integrantes con 10 días de anticipación a la reunión.