Senadores del PAN, PRD y PT promovieron un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una investigación y finque responsabilidades al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es acusado de peculado y enriquecimiento ilícito.
Cómo lo publicó 24 HORAS el pasado 25 de septiembre, el gobernador chihuahuense fue denunciado por Jaime García Chávez, líder de izquierda en Chihuahua, ante la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades, denuncia que los senadores han respaldado.
En conferencia de prensa, acompañado por senadores de esas tres fuerzas políticas, el legislador por Chihuahua, Javier Corral Jurado (PAN), explicó que el gobernador priísta es socio mayoritario del nuevo Banco Unión Progreso, al cual el gobierno del estado ha dado depósitos de hasta 834 millones de pesos, siendo esta una de las pruebas que sustentan la denuncia en contra del mandatario estatal.
En razón de ello, el legislador panista señaló que ya son 30 los legisladores que están apoyando la denuncia de García Chávez, mismos que exigen no solo a la PGR, sino a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México, realizar las investigaciones pertinentes y generar las sanciones que correspondan.
“Esta denuncia que ha firmado García Chávez la hemos suscrito miles de chihuahuenses, y ahora la ha respaldado un numeroso grupo de senadores (…) tanto la denuncia de García Chávez como el punto de acuerdo que ahora presentamos, es una apuesta por las instituciones, es una apuesta por el Estado de derecho y es un desafío al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para ver si puede sobreponer a su militancia partidista el deber constitucional de ministerio público, indagar lo procedente y fincar las responsabilidades necesarias”, declaró Corral Jurado.
El legislador por el estado de Chihuahua, advirtió que en caso de que la Procuraduría General de la República no cumpla con su función en relación a este caso, “recurriremos a otras instancias de carácter, de justicia política, como es el juicio de procedencia”, a través del cual se iniciaría un proceso de desafuero para el gobernador de aquella entidad.