El Instituto Baker de Política Pública advirtió que los cambios a la legislación territorial, así como los nuevos reglamentos de la reforma energética en México, amenazan con retrasar o impedir proyectos vitales para este sector, además de iniciar “violentos” conflictos sociales.
La Ley de Hidrocarburos establece que los propietarios, privados o ejidatarios, están “obligados legalmente” a vender su tierra o negociar varios tipos de acuerdos con la empresa que desee explotar estos recursos.
“El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwelll, fue categórico al señalar que no habrá expropiaciones, pero los propietarios serán motivados a negociar con las compañías de energía”, precisó el reporte.
Según el Instituto Baker, y tal como lo advirtieron las corrientes de izquierda en el Congreso de la Unión durante la discusión de la reforma energética, bajo la nueva legislación, si propietarios y empresas interesadas en extraer recursos no llegan a un acuerdo en un lapso de 180 días, las compañías podrán solicitar a un juez federal forzar el otorgamiento de la tierra o pedir a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) una negociación forzada.
El instituto, parte de la Universidad Rice, indicó que los propietarios de tierra pueden recurrir a amparos o a movilizaciones sociales, creando un clima de inestabilidad que puede disminuir el potencial de inversión en los proyectos.
Las disputas surgen debido a que al menos 100.3 millones de hectáreas o 51% del territorio mexicano contemplan una propiedad social (ejido de la tierra). Existen 31 mil 514 propiedades de este tipo, en donde trabajan más de 5.6 millones de personas.
“El desarrollo de los recursos de hidrocarburos mexicanos enfrentará retos que irán desde protestas locales y pacíficas, hasta movilizaciones potencialmente violentas asociadas con el desplazamiento de campesinos, y propietarios de tierra, incluyendo pueblos indigenas”, explicó el reporte.
Sobre el tema, Fernando Zendejas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) indicó en entrevista a 24 HORAS, que los nuevos reglamentos de la reforma energética garantizan una mediación de disputas territoriales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En caso de no llegar a un acuerdo después del periodo de negociación, el funcionario indicó que si se trata de una legislación de propiedad social, el octavo transitorio de la reforma constitucional estableció que las actividades de producción y distribución de electricidad, y de exploración y explotación de hidrocarburos son preferentes sobre cualquier otra –minería o agricultura–, en beneficio de los ingresos de la nación.