SALTILLO. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila acreditó recientemente la desaparición de dos personas en Allende Coahuila, que ocurrió en abril de 2011.

 

De acuerdo con la queja 109/2014 correspondiente al expediente CDHEC/—/2011/ALL/MP/PPM, en su versión pública, las autoridades responsables son la Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas.

 

La versión de uno de los quejosos señaló que las personas desaparecidas son su papá y su cuñado, quienes el 7 de abril le informaron vía mensaje de texto que la policía municipal los había detenido sin darles explicación. Una testigo confirmó que esto ocurrió alrededor de las 15:30 horas.

 

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila el 14 de abril de 2011.

 

Quien interpone la queja señala que el Director de Seguridad Pública de Allende preguntó a sus elementos por los hechos señalados, quienes lo negaron.

 

Luego de una serie de diligencias efectuadas y documentadas en 2012 y 2013, la CDHEC señala que personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de la PGJE violó derechos humanos.

 

Esto en el sentido de la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de dilación en la procuración de justicia.

 

Por ello la comisión recomienda que las autoridades lleven a cabo las acciones necesarias para desahogar las pruebas, se respeten los protocolos y se definan las líneas de investigación al respecto.

 

En segundo término que se brinde a las personas que denuncian los avances correspondientes al caso.

 

En tercer punto, piden se instruyan a los Agentes del Ministerio Público para garantizar la procuración de justicia a fin de evitar dilación en el trámite de la averiguación previa, garantizar el desahogo de las diligencias para acreditar el delito, dictar medidas de auxilio y protección a víctimas y testigos.