Más que grillas políticas o pugnas por el poder, los conflictos del rector José Narro Robles revelan una descomposición interna en la administración de la casa de estudios. Su último desliz manchó la herencia universitaria del ex rector Jorge Carpizo McGregor.

 

Como político priista, Narro está más preocupado por colocar a su gente en espacios de poder. En el caso de la acusación de plagio contra el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, Narro vio un obstáculo político y no un asunto de legalidad. Por eso el martes, en Palacio Nacional, le reclamó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, que le hubiera dado “celeridad” a la denuncia del investigador Enrique Carpizo Aguilar y no la violación de derechos universitarios del querellante; para Narro se deben manipular expedientes de derechos humanos a conveniencia política.

 

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Como rector de la UNAM, Narro se estaba dedicando a promover a González Pérez como candidato a la CNDH pero sin revisar su historial académico. La denuncia de plagio afectará al propio rector por permitir el abuso de poder por parte de la rectoría.

 

El tema tiene derivaciones: el denunciante de plagio es sobrino del ex rector Carpizo McGregor, jefe de Narro en Gobernación. En lugar de que la UNAM y sus organismos de derechos universitarios atendieran la queja de violación de garantías del querellante, el rector Narro reveló que la Universidad a su cargo violó mecanismos de ascenso y asignación de actividades del denunciante Carpizo Aguilar para colocarlo en la estructura sin cumplir exigencias académicas en la propia UNAM y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así, el rector Narro aceptó que en la UNAM se asignan cargos y tareas no en función de escalafones rigurosos sino por favoritismos.

 

Lo peor es que a Narro le interesa más el ejercicio autoritario del poder de la rectoría que la defensa de los derechos humanos. En un caso ocurrido el año pasado, una estudiante denunció acoso sexual de un profesor, pero el rector Narro se disculpó diciendo que “un error lo tiene cualquiera”. Por eso la CNDH publicitó el asunto para demostrar que la UNAM es un territorio ajeno a las leyes.

 

Eso sí, el rector Narro se comprometió a recuperar para el Grupo Carpizo la CNDH y de ahí su apoyo a González Pérez, quien trabajó bajo las órdenes de Carpizo. La conferencia de prensa autorizada por el rector en la que González Pérez reveló favoritismos contra su denunciante fue una violación de las medidas cautelares ordenadas por la CNDH.

 

En sus siete años de rector -termina a finales del año próximo-, Narro ha perdido el control de la UNAM y está dejando un tiradero: el equipo de futbol de los Pumas fue cedido para negocios privados; en el estadio de CU se vende cerveza a estudiantes; trabajadores de Radio UNAM han circulado cartas de la apatía del rector para atender la crisis en el organismo; a los Pumas de la UNAM los acaban de multar con cien mil pesos por violencia criminal de su porra en el partido del sábado pasado en el Estadio Azteca; actos criminales se realizan dentro de CU al amparo de la autonomía y los delitos sexuales crecen.

 

Seguro de que el presidente Peña Nieto ya le anunció que será secretario de Salud, el rector Narro ha descuidado la administración de la UNAM. El caso de su abogado general es otro de los incidentes que revelan irregularidades crecientes al interior de la universidad. Que su abogado general haya sido acusado de plagio por un sobrino de su ex jefe en Gobernación, ex rector y fundador de la CNDH habla del descuido en la atención de asuntos de la rectoría.

 

(Precisión: ayer se escribió aquí de un conflicto en Chalchihuapan, Puebla, pero por error del columnista salió Chimalhuacán, municipio del Estado de México. Disculpas a pobladores de ambas partes.)