El derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en el río Sonora, que representa “el peor desastre ambiental provocado por una mina en la historia moderna del país”, se produjo por causas imputables a la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Su titular, Juan José Guerra Abud, informó que el dictamen técnico elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) demuestra que “el derrame (de sulfato de cobre acidulado) se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno, un fenómeno conocido como tubificación en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías imputable a la empresa”.

 

“Fue una falla en este tubo” y no las lluvias por arriba de la media, como señaló la empresa, la causa del accidente ocurrido el 6 de agosto. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Conagua, demuestran que “esto es absolutamente falso”, subrayó el funcionario.

 

A 21 días de que se suscitó el incidente, la dependencia federal precisó en conferencia que el vertido tóxico de la minera se extendió a lo largo de 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, en el municipio de Cananea, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a las inmediaciones de la capital del estado.

 

Los químicos, agregó, llegaron incluso hasta la presa Rodolfo Félix Valdez, conocida como también como El Molinito, la cual, no obstante, no muestra evidencias de contaminación fuera de las normas, precisó el titular de la Semarnat.

 

Ante los hechos, la empresa deberá resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población, informó el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, durante la presentación de un informe de acciones que ha emprendido el gobierno federal ante el suceso.

 

Sin embargo, dejó ver que a la fecha no se han terminado de cuantificar los daños al medio ambiente, la salud y la economía de la población, mismos que se darán a conocer en las próximas semanas.

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encuentra recabando los elementos para iniciar la acción por responsabilidad ambiental contra la compañía, anunció el titular de la dependencia, Guillermo Haro, y reiteró que se prevé una sanción por 40 millones de pesos con forme a lo que establece la Ley de Responsabilidad Ambiental, a lo que se añadiría los costos por la remediación de los daños ecológicos.

 

De esta manera, las multas y sanciones para la empresa de Grupo México podrían alcanzar “cientos a miles de millones de pesos”, ya que se siguen investigando irregularidades en la minera que podrían costar más de tres millones de pesos cada una, agregó.

 

El funcionario señaló que al momento no se tienen datos preliminares sobre los daños ecológicos que ocasionó el derrame y, ante la reiterada pregunta sobre el posible retiro de la concesión minera a Grupo México dijo que eso le toca a la Secretaría de Economía, ya que la Profepa y la Semarnat carecen de autoridad en ese tema.

 

A su vez, el titular de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, señaló que el incidente afectó a más de 24 mil personas, dos mil más de las estimadas en principio, entre las que se identificaron cinco casos con sintomatología asociadas a contaminación del agua por el derrame de tóxicos, a los que se les brindó atención por intoxicación y ya fueron dados de alta.

 

Comentó que de 54 muestras de agua tomadas por la dependencia adscrita a la Secretaría de Salud, 34 están fuera de la norma federal para la potabilización del agua para el consumo humano, por lo que se mantienen 33 pozos de la zona suspendidos.

 

Agregó que el pasado 22 de agosto la Cofepris abrió un procedimiento administrativo de verificación sanitaria en las instalaciones de la empresa, el cual está en la etapa de verificación y que, al concluir la investigación, “Grupo México tendrá que indemnizar a las personas que resultaron afectadas directa o indirectamente”.

 

En la conferencia no hubo presencia de funcionarios de la Sagarpa, dependencia que en días anteriores declaró que sostendría reuniones con productores agrícolas y ganaderos para evaluar medidas de apoyo por las pérdidas económicas.