El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentará denuncia penal en contra del magistrado suspendido José Guadalupe Luna Altamirano, ante presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, y por movimientos bancarios irregulares por casi 5 millones de pesos.

 

 

Luna Altamirano ha estado en el ojo del huracán por haber exonerado a Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán; así como a Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, y a Arturo Culebro, operador de las drogas en Colombia.
Al concluir con sus investigaciones internas, que se prolongaron por más de dos años, el pleno del CJF confirmó que hay elementos de prueba para relacionar al funcionario federal con actividades de la delincuencia organizada, por ello se espera que en breve presente la denuncia penal ante el Ministerio Público de la federación.
El Consejo advirtió que el ex servidor público seguirá separado de su cargo, sin goce de sueldo, como sucedió desde el momento en que se iniciaron las investigaciones en su contra en mayo del 2012, además que procedió a notificarle sobre la conclusión de las pesquisas internas y sus resultados.
Se declaró agotado el procedimiento de investigación administrativa iniciado en contra del magistrado y se ordenó la apertura del procedimiento de responsabilidad ante probables conductas vinculadas con la delincuencia organizada.
Con ello, la Judicatura presentará la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR), además de entregar los elementos de prueba obtenidos para que formen parte de las pruebas en contra del ex servidor de la federación.
El órgano informó que los cuerpos de vigilancia interna detectaron que Luna Altamirano, quien se encontraba suspendido desde mayo de 2012, realizó movimientos bancarios inusuales por casi tres millones de pesos, algunos de ellos en dólares.
Dichos ingresos no fueron notificados en sus declaraciones patrimoniales, y de acuerdo con los estatutos del órgano, por su monto entran en el supuesto de alto riesgo, ya que no se trataba de una moneda registrada legalmente en territorio nacional, por ello se presume que es producto de actividades posiblemente asociadas con la delincuencia organizada.
Asimismo, se detectaron diversas transacciones bancarias y depósitos por casi dos millones de pesos, realizadas por sus familiares, cuyo origen tampoco quedó comprobado en los ingresos de cada una de las personas que hicieron los movimientos bancarios.
También se acusa que se detectaron diversos viajes a Centro y Sudamérica, principalmente Colombia, sin una justificación laboral, lo que conllevó a un descuido en su desempeño laboral reflejado en la mínima cantidad de resoluciones en el Tercer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito que presidía.
Al revisar las pocas resoluciones que dictó se detentaron inconsistencias en los criterios que aplicó para resolver las causas favoreciendo notoriamente a alguna de las partes involucradas, que dejaron ver su ineptitud como impartidor de justicia.
“Lo que denotarían falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la substanciación y resolución de diversos tocas penales y juicios de amparo de su conocimiento, al conceder ventajas indebidas a alguna de las partes, así como actos irregulares en los mismos, ya que probablemente actuó contra el texto de la ley, contra jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra constancias y contra sus propias determinaciones”, concluyó el Consejo de la Judicatura.
Paralelas a las investigaciones de la Judicatura, la PGR tomó conocimiento de un posible enriquecimiento ilícito del magistrado, quien realizó al menos 50 viajes a Colombia, entre los años 2007 y 2008.
Hasta el cierre de esta edición, el Consejo no había presentado la denuncia ante el Ministerio Público.

En la controversia

El magistrado José Guadalupe Luna tiene un importante historial que lo han puesto en la polémica por casos significativos relacionados con cárteles de la droga y con la política.
En el 2001, cuando se desempeñaba como juez sexto de Distrito en el Reclusorio Oriente, determinó que Ricardo Miguel Cavallo, quien fuera titular del Registro Nacional de Vehículos y estaba acusado en Argentina de haber cometido delitos de lesa humanidad y terrorismo, podía ser extraditado a España, como lo solicitaba el juez español Baltazar Garzón.
En mayo de 2012 fue suspendido junto con el juez Efraín Cázares López, al ser investigados por posibles vínculos con miembros de la delincuencia organizada y que habría derivado en fallos a favor de ciertos cárteles.
Entre sus polémicas determinaciones destaca la exoneración de Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
También exculpó a Arturo Culebro Arredondo, alias El Tito, operador en México del cártel del Norte del Valle de Colombia, acusado por la PGR de lavar miles de dólares.
En el 2011 ratificó una sentencia absolutoria por lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico a favor de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.
En otro caso, pero dentro de la política, Luna exoneró al ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio; y se le relaciona con funcionarios implicados en el denominado Michoacanazo, entre ellos el exlegislador Julio César Godoy Toscano.