Autoridades del Cefereso 11 de Hermosillo negaron el acceso a los visitadores de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora quienes solicitaban verificar el estado de salud de José Manuel Mireles Valverde, líder de autodefensas detenido el pasado sábado. La Comisión Nacional tomó caso.
En entrevista con 24 HORAS, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH sostuvo que al grupo de visitadores, el médico legista y una psicóloga que fueron enviados les fue impedido entrar al penal cuando pretendían verificar los señalamientos de la presunta violación a los derechos humanos del doctor. La denuncia, sostuvo el ombudsman, se derivó de una queja colectiva presentada por simpatizantes del también activista.
“Los quejosos señalaron que no se le está dando la insulina que necesita, que tampoco se le estaba dando los alimentos requeridos por su estado de salud, en ese sentido creo que más allá de las competencias (federal o local) los que tenemos la obligación moral, la obligación histórica de ayudar a un ser humano independientemente del estatus que guarda”, sostuvo Ramírez.
Arturo Ramírez señaló que ante la negativa de las autoridades penitenciarias en dejarlos ingresar al Cefereso, él se puso en contacto con Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, para advertir la situación que aparentemente padecía Mireles Valverde.
“No pudimos verificar nada, no pudimos ingresar a verificarlo no pudimos verlo, hasta ahora (ayer) seguíamos igual y me duele decirlo, pero obviamente, ante la negativa del Cefereso, la única esperanza que tenemos es la intervención de la Comisión Nacional, y aunque obviamente los quejosos manifiestan que hubo, que hay inconsistencias, que fabricaron culpables nosotros somos muy respetuosos del proceso judicial, y lo que a nosotros nos interesa es la salud del doctor”, acotó.
El ombudsman sonorense precisó que la intervención de la comisión a su cargo respondió a que alrededor de 50 simpatizantes del comunitario se manifestaron a las fueras del organismo, y en su intento por corroborar lo expuesto por los quejosos, el penal federal se justificó en que no era de su competencia.
“No podíamos quedarnos con las manos cruzadas, se trata de un asunto de humanidad, se trata de un asunto que urge respuesta de una demanda de un clamor generalizado donde ya no sólo se está argumentando que hubo incompetencias e irregularidades sino la probabilidad de que día con día, hora con hora que pase el doctor sin sus medicamentos puede ocurrir algo que atente contra su vida”, advirtió.
Aunque en reiteradas ocasiones Talía Vázquez Alatorre, abogada del comunitario, ha denunciado “tortura psicológica” y malos tratos contra su cliente, Ramírez Ramírez indicó que de la denuncia colectiva de los quejosos no se desprendía información referente a abusos físicos u otro tipo de acosos, pero reiteró que “ni si quiera tuvimos la oportunidad de ver al doctor, pues desde el ingreso la respuesta fue negativa”.
“Hay una contradicción (en la decisión del Cefereso) porque la reforma constitucional de 2011, la más importante en la materia hasta la fecha se indica que los derechos humanos no son monopolio de nadie, y cualquier ciudadano, cualquier persona tiene la facultad de denunciar su presunta violación, y nosotros la de actuar en consecuencia”, lanzó.
Ante ello, indicó, que desde ayer la Comisión Nacional asumiría el seguimiento de la indagatoria al respecto de los abusos denunciados, en lo cual el organismo estatal se mantendría como coadyuvante en caso de que así lo solicitará la propia institución, los quejosos o los familiares de Manuel Mireles.
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