A través de una carta, el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano, reveló el nombre de seis senadores de la República y nueve diputados que tienen intereses directos y personales en la aprobación de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones y, por tanto, pidió que se excusen de los debates en el Congreso de la Unión.
En dos misivas enviadas a los presidentes de la mesas directivas de ambas cámaras, exigió que los siguientes legisladores dejen el debate de la ley telecom debido a sus intereses:
Senadores
Javier Lozano (PAN): Participó en la redacción de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, expedida en 2006 (llamada “Ley Televisa”). Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la LXII Legislatura.
Emilio Gamboa Patrón (PRI): Impulsor de la llamada “Ley Televisa”.
Ninfa Clara Salinas Sada (PVEM): Hija del Presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.
Arely Gómez González (PRI): Hermana de Leopoldo Gómez González, Vicepresidente de Televisa.
Luis Armando Melgar Bravo (PVEM): Presidente del Canal 40 (Proyecto 40).
Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM): Asesor y exfuncionario de IUSACEL. Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la LXII Legislatura e integrante de la Comisión de Radio y Televisión en la LXII Legislatura.
Diputados
Carlos Jorge Mendoza, vicepresidente de Grupo Azteca.
Federico González Luna, ex representante de la CIRT y autor de la Ley Televisa.
Laura Ximena Martel, ex presidenta de la CIRT.
Antonio Cuellar Estefa, ex director jurídico de Televisa.
Xavier Orozco Gómez, abogado de Televisa.
Enrique Cárdenas, accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca.
Homero Niño de Rivera, ex director de comunicación social de Segob y autor del cambio de la palabra comprar por adquirir para beneficiar a algunos medios.
Patricio Flores, ex dirigente del Citatyr con plaza en Televisa.
Rubén Acosta Montoya, ex director Ejecutivo de la Cofetel.
De acuerdo con el líder perredista, la disposición busca salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.
Estos principios, aplicados a la función legislativa, están recogidos en el artículo 10, fracciones VI y VII, del Reglamento del Senado de la República que a la letra dicen:
Son obligaciones de los senadores: abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que desempeñan, así como de hacer valer su condición de legisladores en beneficio propio e informar al órgano camaral que corresponda de los asuntos competencia del Senado en los que tenga interés económico o beneficio personal y excusarse de participar en las gestiones, los trámites y los procedimientos relativos.