Con el objetivo de sancionar con mayor severidad este flagelo social, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió al Poder Legislativo del estado una iniciativa de reforma que tipificará el delito de engaño telefónico en el Código Penal y de Procedimientos Penales.

 

En su exposición de motivos, el mandatario señaló que la utilización de llamadas telefónicas o mensajes electrónicos suelen ser recurrentes por los delincuentes para obtener beneficios económicos, por lo que el proyecto de decreto plantea que este delito se castigue de oficio y sea considerado como grave.

 

En la iniciativa, el gobernador argumentó que los delincuentes se valen del temor y angustia que causan en sus víctimas al amenazarlas con provocarles un daño en su persona, bienes, familiares o terceros si no cumplen con las exigencias económicas que se les formulan, por lo que “es conveniente sancionar con mayor severidad esta acción y dada la violencia que implica, se incluya entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

 

Dentro de este proyecto se contempló la adición de un artículo 173 Bis al Código Penal del Estado, en el cual se plasme que a quien con el propósito de obtener un lucro para sí o para otro, a través de una llamada telefónica o por cualquier medio electrónico, pretenda engañar a una persona haciéndole creer que le va a causar o le está causando un daño a un tercero, se le aplicarán de tres a 10 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo.

 

Así como igual penalidad a quien realice llamadas o envíe mensajes electrónicos y pretenda hacer creer al receptor que podría causarle un daño o que podría ser privado de la libertad a una persona; al tiempo que se faculta al Poder Judicial del estado para proceder mediante la prisión preventiva de oficio.