Activistas y comuneros de San Miguel de Aquila, Michoacán, acusaron a Manuel Mireles Valverde, ex vocero de comunitarios, de apoyar a los grupos de autodefensas que desde octubre pasado extorsionan en dicho municipio. Además, reiteraron el llamado para que las autoridades atiendan la inseguridad y las problemáticas que quejan a los habitantes de esa población indígena.
El comisionado Alfredo Castillo Cervantes no ha atendido el llamado para liberar a los guardias comunitarios de Aquila y por el contario ha impuesto a un despacho de abogados, acusaron en conferencia de prensa, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villanueva Magaña, y el dirigente nacional Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), Francisco Jiménez Pablo.
Los líderes de la comunidad incluso aseguraron que el comisionado conoce de la existencia de las autodefensas que extorsionan y hasta se ha reunido con ellos.
“Hay un grupo de autodefensa que pertenece al Consejo General, ahorita están partidos, unos dicen que apoyan a Mireles otros a Papá Pitufo, esta parte (los que extorsionan) apoya a Mireles, y aseguran, han gritado a los cuatro vientos, que están con el comisionado (Castillo) y él se ha reunido con ellos”, lanzó Jiménez Pablo.
En su intervención, el dirigente de la CNPA-MN descartó cualquier que la guardia comunitaria de Aquila se convierta en una autodefensa, como plantea Mireles Valverde con su campaña “Todos Somos Autodefensas”, o se adhieran al cuerpo de fuerza rural, proyecto impulsado por Castillo Cervantes, debido a que su iniciativa responde a los usos y costumbres de su comunidad a lo cual exigen se respete.
“La autodefensas plantean una estrategia expansiva que conquista territorios, y la guardia comunitaria de Aquila es parte de la comunidad, precisamente son diferentes por las estrategia y el método. No ha habido una invitación (para integrarse al movimiento) precisamente porque Mireles, en su momento y hasta el día hoy, apoya a una autodefensas que están convirtiéndose en un mecanismo de extorsión para la comunidad”, acusó.
Sigue inseguridad
Cuestionado acerca de algún avance en materia de seguridad con la intervención del gobierno federal en el estado, Octavio Villanueva Magaña aseveró que “estamos en la misma situación” y la situación se ha agravado porque ahora los delincuentes presumen de apoyo por parte de las autoridades.
“Pedimos que respeten la integridad física de nuestra comunidad, que nos brinde seguridad a los comuneros, el 18 de octubre arribaron estos autodefensas que nos están amenazando y extorsionando con 700 mil pesos para brindarnos seguridad”.
“No puedo celebrar una asamblea en mi comunidad, estas autodefensas me están acosando que si no pagamos la cuota me van a levantar (secuestrar) y me van a asesinar. De nuestros presos políticos, el comisionado no ha querido reconocernos como una comunidad indígena, no ha hecho and a favor de nosotros”, subrayó Villanueva Magaña.
Augusto César Sandino, abogado de los comuneros, acusó que Castillo Cervantes quiere imponer un despacho jurídico para defenderlos, pero los familiares y la misma comunidad no acepta dicha imposición.
“El comisionado contrató a un despacho que fue a visitar a los presos, tanto a los de Mil Cumbres como a el Cefereso para que revocaran a la defensa, y que ellos se comprometían a liberarlos en 20 días, eso es un delito y nosotros le exigimos respeto a lo que nosotros seamos su defensa”, advirtió el defensor.
En entrevista con 24 HORAS, Leonel Rivero, quien encabeza la defensa legal de los comuneros indicó que en el caso de los detenidos en Mil Cumbres “el próximo 22 de mayo se decretará el cierre de la instrucción y a partir de ahí el Ministerio Público tiene 15 días para presentar sus conclusiones y consideramos que el juez va a emitir la sentencia aproximadamente a fines de junio”.
Para los de Villa Aldama, “hay varios desahogos de pruebas a partir de este viernes y consideramos más o menos que en julio fines de julio principios de agosto se estará emitiendo una sentencia”.
El pasado 14 de agosto 42 guardias comunitarios de Aquila fueron detenidos acusados de secuestro, otros de posesión de armas de uso exclusivo y otros de vínculos con la delincuencia; 19 de ellos están en prisión y 23 enfrentan el proceso en libertad.
Dato
700 mil pesos les exigen los autodefensas respaldados por Mireles a cambio de “brindarles seguridad”