El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó suspender de manera inmediata y sin derecho a sueldo  a otros dos magistrados y un juez por sus presuntos vínculos con una red judicial que protegía los intereses de dueños de casinos a través de sus sentencias.

 

Se trata de  Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, Nuevo León; y José Manuel Rodríguez Puerto, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo en Tamaulipas.

 

El CJF también determinó la suspensión de Javier Rubén Lozano, magistrado del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey.

 

Con esto suman, dos magistrados, tres jueces, cuatro oficiales secretarios, y un secretario técnico del CJF, que han sido separados del cargo por sus presuntos vínculos con los propietarios de casas de apuestas, entre ellos Juan José Rojas  Cardona, conocido como el Zar de los Casinos.

 

Esta nueva investigación se suma a aquellas en las que se han iniciado procedimientos disciplinarios contra servidores públicos judiciales involucrados con resoluciones irregulares a favor de casas de apuestas.

 

Ante la complejidad del asunto, el Poder Judicial creó una comisión especial, la cual revisará, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la evolución patrimonial de los funcionarios judiciales involucrados.

 

Juan José Rojas Cardona creo una red al interior del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de conseguir amparos que le facilitaran la operación de sus casas de juegos y apuestas.

 

De enero a la fecha, las investigaciones realizadas por el CJF y sus órganos internos lograron recabar elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario en contra de Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, juez Primero de Distrito y secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, en Torreón, por sus fallos a favor de los propietarios de casinos al norte del país.

 

Como resultado de las investigaciones también se logró establecer la responsabilidad del juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios, Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González.

 

Mientras que el seis de mayo fue separado de su cargo Mario Alberto Prado Rodríguez, secretario particular del consejero Daniel Cabeza de Vaca, y quien fuera involucrado con actividades ilícitas para favorecer a propietarios de casinos.

 

El órgano autónomo informó que  indagatorias están sustentadas en el compromiso de la Judicatura Federal de no permitir conductas contrarias a la expectativa de la sociedad de contar con juzgadores federales éticos.