La equivocada idea que ha permeado en los últimos sexenios en los gobiernos de México -incluida la actual administración- de que “Tamaulipas es un territorio perdido” y que la violencia y la penetración del narcotráfico en la entidad norteña son endémicos, tendrá que cambiar muy pronto; no sólo porque en el estado sigue siendo insuficiente la presencia de fuerzas federales mientras el crimen organizado sigue sembrando terror entre la población, ya sea mediante el control de territorios o con sus violentas pugnas internas, sino porque la entidad tamaulipeca se convertirá en un enclave estratégico para la reforma que más le importa al presidente Enrique Peña Nieto: la energética.
Resulta que el estado nororiental que lleva más de cuatro décadas sufriendo los estragos del narcotráfico y su violencia, ya sea por la presencia histórica del Cártel del Golfo o de su sanguinaria derivación, Los Zetas, es una entidad clave para garantizar el éxito de la reforma energética, pues en su subsuelo se encuentran los dos más grandes yacimientos de gas shell en México: el de la Cuenca de Burgos y el de San José de las Rusias, regiones donde se ubican las mayores reservas de ese nuevo energético considerado el combustible del futuro y que representa una de las más grandes apuestas en las nuevas leyes energéticas que ha impulsado Peña Nieto, como la gran apuesta de su sexenio.
Pero viendo las cosas como están al día de hoy, con el último parte de guerra en Tamaulipas que reporta que en siete días fueron asesinadas 30 personas en ese estado, un promedio de cuatro homicidios violentos cada día en la última semana, incluido el asesinato de un alto jefe policiaco en la entidad, surge la duda razonable: ¿qué empresa petrolera nacional o internacional querrá invertir en plantas para extraer el gas shell en territorios donde además, está documentado, hay una fuerte actividad de los cárteles de la droga dedicados al robo ilegal de combustibles?
De los 500 mil empleos que el presidente Peña Nieto ha ofrecido a lo largo de su sexenio, una vez que se aprueben y entren en vigor las leyes secundarias de la reforma energética, una buena parte, quizás los más inmediatos, se generarían por la extracción del gas shell que se libera, según la reforma, a la explotación de particulares y puede incidir no sólo en un mayor abasto de gas para los mexicanos, sino en exportaciones y hasta en la reducción de las tarifas de la energía eléctrica en dos años. Pues bien, si los mayores yacimientos de ese gas están en Tamaulipas y el estado no puede aún resolver su grave problema de inseguridad y violencia por el narcotráfico, ¿cómo se van a generar entonces esos empleos?
El tema explica por qué, después de haber padecido un abandono crónico en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, apenas muy recientemente el presidente Peña Nieto ha volteado la vista a Tamaulipas, luego de que se lograra estabilizar mínimamente la situación en Michoacán. El aumento de la presencia federal, sobre todo de la Secretaría de Marina que hoy patrulla y realiza operativos en Tampico, La Pesca, Soto La Marina, San Fernando y Matamoros ha dado resultados, al igual que las acciones del llamado Grupo de Coordinación Tamaulipas, en el que también participan la Sedena y la Policía Federal con el gobierno del Estado. Incluso, el nombramiento del general Arturo Gutiérrez como secretario de Seguridad en el estado forma parte de un cambio en la estrategia federal que ha comenzado a dar resultados, como el nombramiento de un comisionado de seguridad para el sur del estado.
Sin embargo, a juzgar por las cifras mencionadas y la reciente violencia en municipios como Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria, el apoyo federal parece aún insuficiente.
En estos momentos la violencia que vive el norte de la entidad, particularmente Reynosa, Matamoros, Victoria y Río Bravo, se atribuye también a los reacomodos y las pugnas por el liderazgo del Cártel del Golfo, que se quedó sin cabeza tras las detenciones realizadas en abril de capos como Jesús Alejandro Leal El Simple, ocurrida en Reynosa el 1 de abril, y de Javier Garza El Porrón. En estos momentos, según reportes de inteligencia federal, al menos seis nuevos capos se disputan el control del citado cártel, lo que explica las intensas balaceras y tiroteos en Reynosa, Victoria y Matamoros, así como los asesinatos y ajustes de cuentas que suman los 30 muertos en la última semana.
La respuesta hasta ahora del gobierno federal a la ola de violencia en Tamaulipas, y los intentos del gobernador Egidio Torre Cantú por decir que la situación está bajo control, no corresponden a la difícil realidad que viven los tamaulipecos que cada vez están más fastidiados por el terrible impacto que la violencia tiene en sus vidas cotidianas.
No son pocas las voces que reclaman que al estado se le dé el mismo nivel de apoyo y de operativos federales que han tenido Michoacán o el Estado de México. Y si la situación se sigue agravando como hasta ahora, el presidente Peña Nieto no tendrá otra salida; no sólo por el clamor popular que pide ayuda para Tamaulipas, sino porque sin seguridad en ese estado fracasará una parte importante de su reforma energética al ahuyentarse las inversiones que con tanto optimismo esperan en Los Pinos.