Alrededor de 70% de las mujeres que ha recurrido a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tiene entre 20 y 30 años, y más de la mitad tiene estudios de preparatoria o licenciatura, según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Hace siete años, cuando se despenalizó este servicio de salud los grupos opositores argumentaron que la medida permitiría que las adolescentes recurrieran a esta práctica “como un deporte”, pero las cifras demuestran lo contrario, señaló Aidé García, coordinadora de relaciones institucionales de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
“Si bien son gente joven, tienen nivel de estudios altos, son profesionistas, son amas de casa y eso nos demuestra que la edad es muy diversa. Eso es importante porque la ciudadanía reconoce que este servicio de salud ya es un derecho”, refirió.
Por su parte, Alfonso Carrera, medico gineco-obstetra y director de las clínicas Marie Stopes, señaló que la edad más avanzada, la madurez y el nivel educativo de este grupo de mujeres les permitió tomar una decisión más consciente de lo que esperan en un futuro, y que no necesariamente es un embarazo.
“Todas ellas han decidido muy bien, han tenido todo ese proceso de introspección y análisis. Es una decisión que les afecta su vida, pero que también les permite seguir su vida”, aseguró el médico.
Desde abril 2007, cuando se aprobó la Ley sobre la Despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo, hasta febrero de este año los servicios de salud del GDF han realizado 116 mil 537 procedimientos de este tipo, la mayoría a mujeres que viven en la capital del país.
El sistema público cuenta con 13 hospitales que brindan este servicio gratuito, pero además existe un centenar de clínicas privadas que realizan el procedimiento médico, brindan consejería y entregan métodos anticonceptivos.
Datos de la clínica Marie Stopes señalan que en ese mismo lapso de tiempo han atendido a 65 mil 312 mujeres. El perfil de las usuarias no es muy diferente al de aquellas que acuden a los servicios gratuitos, ya que la mitad son solteras, estudiaron una carrera y tienen un empleo.
En cambio, el número de adolescentes que recurren a esta medida es de apenas 6% en el sector público y 11% en el privado.
Contrario a lo que ocurre con las menores de edad, que no utilizan protección durante la relación sexual, García señaló que un gran número de las pacientes utilizaba algún método anticonceptivo.
Por ello –y como parte de lo establecido en la ley-, una vez que se realiza el procedimiento, las clínicas entregan a la paciente un método a largo plazo para evitar otro embarazo no deseado.
Actualmente el Distrito Federal es la única entidad donde se realiza este procedimiento médico por elección propia. En el resto se permite cuando el embarazo es producto de una violación, o cuando la vida de la madre corre peligro; no obstante, diversas organizaciones han denunciado que en la práctica los gobiernos han puesto trabas para que las mujeres ejerzan estos derechos.
Sin embargo, también existen organizaciones que han señalado que la despenalización del aborto por parte del GDF no ha disminuido los embarazos no deseados; en particular porque se desconoce el número de procedimientos que se realizan en clínicas privadas, las principales beneficiadas.
La Think-Action-Development señaló en los días previos que en 2007 se realizaban cuatro mil 600 intervenciones, un número que se disparó a más de 20 mil al año.
De acuerdo con la asociación los datos disponibles son sólo de instituciones públicas, por lo que no se tienen registros de otros 120 mil abortos en clínicas privadas. Además, dijo, tampoco ha funcionado la repartición de anticonceptivos a los jóvenes.
