Ningún recurso parece haber funcionado para el mexicano Ramiro Hernández Llanas, cuya ejecución está prevista para la tarde de hoy. La justicia estadunidense hizo caso omiso de las medidas cautelares que recientemente le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también de las distintas voces que se alzaron para reclamar el cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el denominado Caso Avena.

 

Este martes, la CIDH insistió en las medidas cautelares que desde finales de marzo concedió al mexicano, acusado por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del condado de Kerrville, al noroeste de San Antonio, Texas, el 15 de octubre de 1997.

 

El organismo advirtió que el desconocimiento por parte de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a una solicitud para preservar la vida e integridad de una persona condenada a muerte, mientras se examina la petición presentada, “contraviene gravemente las obligaciones internacionales de ese Estado”.

 

El exhorto de la CIDH se da luego que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito desechó el lunes la orden judicial de una juez que mantenía suspendida la ejecución del mexicano Hernández Llanas, dando luz verde a Texas para ejecutarlo.

 

La semana pasada, la juez Vanessa Gilmore suspendió la orden y retó a las autoridades de Texas a revelar el nombre del proveedor y la procedencia de los fármacos usados en la inyección letal que le será administrada al reo mexicano.

 

No obstante, de acuerdo con el texto judicial al que tuvo acceso la agencia EFE, la Corte Federal con sede en Nueva Orleans bloqueó la petición de Hernández Llanas como ya lo había hecho la semana anterior con otro preso, Tommy Sells, quien finalmente fue ejecutado el pasado jueves.

 

Las demandas de ambos condenados, Sells y Hernández Llanas, sostenían que la falta de información sobre los fármacos usados en la inyección letal no garantiza el derecho constitucional a ser ejecutado con el mínimo de dolor posible.

 

La respuesta negativa de la Corte Federal de Apelaciones asegura que el recurso se basa en especulaciones que sólo se sostienen en el hecho de que el sistema penitenciario de Texas cambió de proveedor.

 

La súplica ante el Supremo, denunciaba “la práctica creciente de ocultar los métodos y las fuentes de los fármacos” para llevar a cabo el escrutinio.

 

Tras ese fallo, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas votó por unanimidad no recomendar al gobernador del estado Rick Perry que otorgue clemencia al mexicano.

 

Antes, el pasado 31 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hernández Llanas, atendiendo una solicitud presentada en el contexto de una presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana y presuntas violaciones al debido proceso.

 

A través de esas medidas, la Comisión solicitó a EU abstenerse de aplicar la pena capital con el propósito de tener la oportunidad de decidir sobre los reclamos de los peticionarios sobre presuntas violaciones al proceso.

 

El mismo 31 de marzo, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó revisar una apelación en la que se argumentó que Hernández Llanas padece de sus facultades mentales, situación que lo haría inelegible para la aplicación de la pena capital.

 

Los abogados defensores argumentaron que el coeficiente intelectual de Hernández Llanas es menor a 70 puntos, lo que lo coloca como un discapacitado mental inelegible para la pena de muerte. La defensa también sostuvo que su cliente no recibió una defensa legal apropiada.

 

MÉXICO APELA AL CONGRESO DE EU

 

Este mismo martes, el subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, reiteró su llamado al congreso estadunidense para reformar la ley sobre sentenciados a muerte y tomar en cuenta el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el denominado Caso Avena y revisar los casos de mexicanos en esa situación.

 

Recordó que la postura del gobierno mexicano sobre los casos de ese tipo, en los que están involucrados 48 mexicanos, fue expuesto también ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que dirija la petición al congreso estadunidense.

 

De igual manera reconoció el exhorto que hizo la Cámara de Senadores mexicana a su homólogo de esa nación para implantar la legislación correspondiente.

 

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que son muy bajas las probabilidades de evitar la ejecución de Hernández Llanas, programada para las 18 horas de este miércoles.

 

 

¿QUIÉN ES RAMIRO?

 

Ramiro Hernández Llanas tiene 44 años y es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente se encuentra preso en la Unidad Carcelaria Polunsky, en la comunidad de Livingston, donde Texas mantiene a los más de 300 reos sentenciados a la pena capital.

 

De acuerdo con los testimonios de la familia, durante su infancia Ramiro se dedicó a la recolección de material reciclable en los basureros de Nuevo Laredo. Dejó la escuela cuando cursaba el cuarto año de primaria debido a las dificultades para aprender.

 

Cuando aún no cumplía 20 años fue acusado de un homicidio en Nuevo Laredo y sentenciado a 25 años de cárcel. La familia ha dicho que fue duramente golpeado y abusado durante su estancia en la prisión.

 

Autoridades estadunidenses refieren que Ramiro cruzó la frontera en 1996 después de fugarse de la cárcel en México, pero otras versiones señalan que recuperó su libertad y decidió cruzar de manera ilegal a EU para trabajar.

 

Ramiro se estableció en Kerrville, al noroeste de San Antonio, donde consiguió trabajo como ayudante de Glen Lich, un ranchero y profesor universitario.

 

De acuerdo con las investigaciones, la noche del 14 de octubre de 1997, Ramiro tocó a la puerta de su patrón con pretexto de una emergencia; cuando éste salió a ver lo que se ofrecía fue golpeado por Hernández con una varilla de fierro, lo que la causó la muerte. La policía detuvo a Ramiro unas horas después.

 

El mexicano fue declarado culpable de homicidio capital y sentenciado a la pena de muerte en el año 2000. Los miembros del jurado deliberaron sólo cinco minutos para determinar que debía ser sentenciado al castigo.

 

De recibir la inyección letal este miércoles, Hernández se convertirá en el décimo mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos, desde que este país reactivo la aplicación de la pena de muerte en 1976.

 

 

EL CASO AVENA

 

Ramiro Hernández es uno de los connacionales que forman parte del Caso Avena, que se remonta a enero de 2003, cuando México inició en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un procedimiento jurídico contra EU por el incumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pues 54 mexicanos fueron condenados a la pena capital sin recibir asistencia consular durante sus procesos.

 

Un año después la corte falló a favor de México y ordenó al gobierno de ese país revisar dichos casos antes de dictar la pena capital; sin embargo no se ha acatado la resolución.