Las pruebas aportadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para demostrar la responsabilidad del presunto fraude por 31 millones de pesos cometido por Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal.

 

 

Por ello, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, revocó la sentencia emitida por el Juez 12 Penal, Jorge Guerrero Meléndez, y dictó la libertad simple y llana para el sentenciado, quien ésta tarde abandonó el Reclusorio Norte.

 

 

El asunto toma relevancia porque fue la primera etapa de los denominados “videoescándalos” en el 2004, cuando fue grabado apostando en un casino de Las Vegas, Nevada.

 

 

Por ello quedaron al descubierto una serie de irregularidades en diversas áreas delegacionales y del GDF cometidas por servidores públicos en complicidad con el empresario, Carlos Ahumada Kurtz.

 

 

Durante la revisión del juicio de garantías en apelación 250/2013, y en sesión plenaria del 13 de marzo de 2014, los magistrados consideraron que la sentencia condenatoria de 5 años, dictada el 16 de octubre del 2012, por el fraude no quedó fundamentada.

 

 

El Tribunal concluyó que los elementos de prueba que aportó el MP, y que tomó en consideración la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para ratificar la sentencia eran insuficientes para demostrar la plena responsabilidad del quejoso, quien que promovió el amparo ante la justicia federal esta determinación.

 

La decisión del Poder Judicial de la Federación obedeció a la insuficiencia de pruebas para demostrar que la conducta delictiva atribuida a Ponce Meléndez, en su carácter de secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

 

 

La Judicatura Federal informó que la prueba en sus contra consistía en una llamada que realizó Ponce Meléndez por la cual instruía a sus subordinados dar prioridad al pago de facturas por 31 millones de pesos por obras no realizadas por la empresa Pagosa SA de CV, en la delegación Gustavo A Madero.

 

 

Se informó que finalmente, la orden girada por el ex funcionario no se concretó, por ello, no se consumó el acto delictivo, en este caso el fraude por el que recibió una sentencia de cinco años.

 

 

“Instrucción que finalmente no fue acatada-, efectivamente constituyera una aportación necesaria para la comisión del delito, de manera que pudiera afirmarse sin lugar a duda, la plena responsabilidad penal del quejoso como coautor o incluso como auxiliador”, informó la Judicatura.

 

 

Cabe destacar que fue detenido en octubre del 2004, e ingresado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, acusado de delitos federales,el 13 de abril del 2009 el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, lo sentenció a 8 años y 16 días de prisión, así como una multa de 661 días por el delito de lavado de dinero pero obtuvo su libertad.

 

 

Mientras abandonaba el Penal Federal el 22 de agosto del 201, la PGJDF cumplió la orden de aprehensión pendiente por fraude, y fue ingresado la Reclusorio Norte.

 

 

El 24 de agosto del mismo año, quedó a disposición del Juez, y desde ese momento comenzó a correr el tiempo privado de la libertad, por ello, sólo le faltaban dos años, y cinco meses para cumplir con su condena de cinco años.