La Procuraduría General de la República (PGR) investiga en dónde se encuentran o para qué se destinaron los casi 400 millones de dólares que la empresa Oceanografía obtuvo a través de un crédito de Banamex sustentado con facturas fraudulentas, bajo el falso argumento de que se utilizarían en contratos con Pemex.
Autoridades federales señalaron a 24 HORAS que aunque aún se recaban pruebas, no se descarta que este dinero obtenido con mecanismos ilegales, pudiera estar destinado para otras actividades también de origen ilícito.
Desde el año pasado la PGR, a través de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investiga a Martín Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía, por el presunto lavado de dinero derivado de venta de hidrocarburos robados a Pemex, a través de una red de gasolineras en El Bajío.
“El fraude de Oceanografía es una nueva averiguación pero pudiera tener algún vínculo con otros casos en desarrollo que involucran a gente de esa empresa; es algo que esta apenas en fase de investigación pero no se descarta que existan vasos comunicantes en ambos casos”, indicó un funcionario con conocimiento del caso.
Hasta ahora la PGR no tiene certeza del destino de los 400 millones de dólares que obtuvo de forma irregular Oceanografía, pero para ello, y en colaboración con Hacienda y la CNBV, se verifican todos los movimientos realizados por la compañía privada.
Por ello es que el viernes pasado se determinó el aseguramiento ministerial de las instalaciones de Oceanografía en Campeche. Los peritos verifican los documentos de la empresa, su contabilidad, los activos y los recursos, entre otros.
El fraude en que incurrió la empresa propiedad de Amado Yañez Osuna afecta en primera instancia a Citigroup y su filial Banamex, como lo reiteró ayer el procurador Jesús Murillo Karam, pero el destino o utilización del dinero, podrían dar una dimensión al caso que aún no se conoce.
“Hasta este momento es un fraude contra el banco, hasta este momento. Estamos investigando, eso es lo que les digo. Estamos haciéndolo con mucho cuidado para determinar hasta donde llegamos”, indicó.
Murillo hizo hincapié en que las repercusiones negativas aun no alcanzan a Petróleos mexicanos (Pemex) pues los servicios contratados con Oceanografía, más allá del pago de fianzas incompletas, si se proporcionaron.
Esto no significa, explicaron fuentes ministeriales, que eventualmente no se establezcan posibles responsabilidades administrativas o penales contra servidores públicos de la paraestatal que podrían haber incurrido por acción u omisión en alguna irregularidad.
La ruta de la indagatoria
En junio del 2013 una verificación del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción (PEP) relacionado con la operación de 14 plataformas arrendadas evidenció que Oceanografía estaba incumpliendo con el pago de las fianzas estipuladas en los contratos, por lo que se inició una indagatoria interna.
El 11 de febrero tras la verificación completa la Secretaría de la Función Público inhabilitó a la empresa de Yañez al determinar que se incumplió con el pago de fianzas en nueve contratos.
La PGR abrió un acta circunstanciada para comenzar la verificación de los hechos que se convirtió en averiguación previa tras la denuncia presentada pro Banamex, acreedor de Oceanografía, quien junto con Pemex determinó que había sido defraudada pues de un crédito de 585 millones de dólares, solo había respaldo de 185 millones.
El 28 de febrero Citigroup hizo público el monto total del fraude. La mañana de ese mismo día la PGR oficializó púbicamente la investigación y ordenó el aseguramiento de las instalaciones de la compañía en Campeche.
“Pues mire usted, a todos nos gusta ir al mar, así que no hay problema” (al responder si el caso Oceanografía va para largo)
Jesús Murillo Karam
Titular de la PGR