La Procuraduría General de la República (PGR) prevé acusar a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de nuevos delitos, además de los que habían quedado pendientes luego de que se fugó de un penal federal en el 2001. Asimismo, se espera que en breve se liberen seis órdenes de aprehensión y dos de reaprehensión.
Autoridades de la PGR confirmaron a 24 HORAS que Guzmán Loera fue detenido en Mazatlán en posesión de un arma larga y un arma corta, de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También se le aseguró un maletín cuyo contenido no se ha precisado, pero que podría contener una fuerte suma de dinero.
En ese contexto el Ministerio Público procederá en contra de Loera por lo menos por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. La consignación se estará haciendo esta misma semana ante el juez que corresponda.
En tanto, el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales podría liberar seis ordenamientos de aprehensión y dos de reaprehensión contra Guzmán Loera, quien además cuenta con un proceso interrumpido en 2001, cuando se fugó del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande en Jalisco.
Por el momento, El Chapo sigue a disposición de la autoridad ministerial en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde es interrogado por el Ministerio Público de la Federación en torno a los hechos que se le imputan.
Se espera que hoy sea consignado ante el juez de la causa y suba a la rejilla de prácticas para que escuche los cargos que se le imputan, así como de su situación jurídica.
Respecto a la persona que fue detenida junto con Guzmán, identificada como Carlos Manuel Hoo Ramírez, continúa a disposición de los fiscales de la Subprocuraduría especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El plazo para definir su situación jurídica se duplicó a 96 horas.
Hasta ahora la Procuraduría no ha logrado esclarecer que nivel de importancia tenía Hoo dentro de la estructura del cártel. No había antecedentes previos en su contra.
En 1997 Guzmán Loera, tenía dos sentencias condenatorias por un total de trece años de prisión, por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión y tráfico de cocaína; acopio de armas; portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; así como asociación delictuosa; daño en propiedad ajena, y ataques a las vías generales de comunicación.
Además de tres procesos penales federales en distintos Juzgados de Distrito en Jalisco y México, por los delitos de homicidio; asociación delictuosa; cohecho; contra la salud en distintas modalidades; contra la administración de justicia y tráfico de influencias; por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; acopio de armas; uso indebido de insignias; usurpación de funciones; homicidio, y privación, ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Fuga no agrava su sentencia
El que Joaquín El Chapo Guzmán se haya escapado de un penal de máxima seguridad y permaneciera prófugo por más de una década, no agrava en nada la sentencia de 20 años 9 meses que se le impuso, ni se le pueden fincar delitos por este hecho.
El artículo 154 del Código Penal Federal relacionado con evasión de presos, indica que al reo que se escape no se le aplicará sanción alguna. El artículo 155 sobre Quebrantamiento de Sanción destaca solo que el tiempo en que permanezca fugado el reo no se le contará en la sentencia que se le haya impuesto.
Al momento de su escape, Guzmán había completado apenas 7 de 20 años de prisión, por lo que deberá aun permanecer 13 años más encarcelado. Pero además tiene otros procesos pendientes por diversos delitos y órdenes de aprehensión en Estados Unidos por cargos fincados en aquel país y que podrían derivar en su extradición.
Se presume que en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán habrían participado directa o indirectamente más de 70 servidores públicos, varios de los cuales están ya sentenciados y otros prófugos.