Hubo una época, y es reciente, en la que era norma hacerse de la vista gorda o de plano permitir al futbol español vivir más allá de las exigencias fiscales.
Bajo ese tenor, los equipos de primera y segunda división de este país llegaron a acumular en 2012 una deuda ante la Administración Tributaria de más de mil millones de dólares. ¿Qué sucedía? Que las autoridades a diferentes niveles mostraban especial condescendencia hacia el contexto futbolero, inimaginable ante otro tipo de empresas o ciudadanos comunes. Cuando ya era insostenible el impago, pero igual de imprescindible mantener a flote al club representante de la ciudad, surgía como solución el patrocinar sus uniformes, su publicidad estática, incrementar el contrato de derechos televisivos ante la televisión regional (a menudo propiedad del gobierno de la misma), con tal de maquillar sus cifras.
Al tiempo, en la Gran Bretaña la reacción ha sido diferente: no pagar impuestos implica entrar en administración, es decir, se intervienen las cuentas y operaciones del equipo en un intento de rescatarlo, aunque en casos extremos incluso el célebre Glasgow Rangers fue desaparecido –y fundado en la categoría más baja del balompié escocés. Algo similar sucedió a la Fiorentina italiana en 2002, con una bancarrota que significó la desaparición de esa institución (también renacida bajo otra denominación).
Sirva el anterior preámbulo para referirnos al escándalo que ya ha durado largas semanas en España. Se trata del fichaje del juvenil ofensivo brasileño, Neymar Junior, en origen cifrado en algo más de setenta millones de dólares, aunque por algunas fuentes calculado en cerca del doble.
Finalmente, se ha acusado al FC Barcelona de presunta evasión de nueve millones de euros en impuestos derivados de la transferencia. El tema es tan complejo como la transacción misma, dado que Neymar no sólo pertenecía al club Santos, sino también a su padre y a accionistas. Si se pagó más por él, todos los afectados exigen ahora mayor tajada y esperan la resolución de parte de Hacienda. Una de las bases para imputar al Barça ha sido la existencia de varios contratos, interpretados por algunos como parte del traspaso: para la fundación de Neymar, para explotar su imagen, para buscar talentos en Brasil, incluso para que acepte jugar donde le indique su entrenador. Como problema añadido en esta telaraña figura la controversia entre lo que debe ser tributado en Brasil y lo que corresponde a España.
Así, lo que empezó por la protesta de un socio barcelonista (recordemos que esta entidad pertenece a una masa social y no a un dueño como tal), parece no tener freno en sus consecuencias. Ya ha renunciado el presidente del club Sandro Rosell, ya se ha involucrado desde Brasil el Santos, ya se ha acusado al equipo… ¿Será que ya también se acabó la tolerancia que permitía al futbol español ser un paraíso fiscal?
Como no podía ser de otra forma con tan largo historial de conflictos con el Estado español, desde Barcelona se denuncia una persecución. Al caso Neymar se añade el de Lionel Messi, quien recientemente tuvo que pagar cinco millones de euros para saldar su deuda fiscal.
Quisiéramos pensar que más que algo contra el Barça, se trata de una nueva realidad, post estallido de la burbuja inmobiliaria ibérica y euro-crisis, en la que el futbol se ha de administrar con responsabilidad.
El hecho de contribuir a dar bienestar, distracción, alegría, orgullo a millones de personas no tiene porque implicar un permiso para hacer cuanto se quiera sin rendir cuentas.