A casi un año de la explosión en la Torre B de la sede administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), que dejó 37 muertos y 120 heridos, familiares de las víctimas denunciaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al director general de la paraestatal, Emilio Lozoya, por negarles el acceso a la averiguación previa que se integró y por no indemnizarlos.
En una conferencia de prensa, las familias de Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández, trabajadores de Copicosa y quienes perdieron la vida en la explosión, dijeron que no han recibieron ninguna indemnización de Pemex, a pesar de que Emilio Lozoya y el presidente Enrique Peña Nieto se les prometió.
Debido a esta situación, la juez del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio tres días al titular de la PGR para que informe si existe o no una averiguación previa por estos hechos, después de que la misma dependencia dijo que no tiene a su cargo la indagatoria AP/PGR/DF/SCZ/CAM/052/13-01.
Los familiares afirman haber recibido solamente 144 mil pesos en indemnización por parte de Copicosa, la empresa contratada por Pemex para realizar el mantenimiento de su sede administrativa.
Pero de Pemex no han recibido nada.
“Pemex no les ha dado una respuesta, ni siquiera les ha dicho que ocurrió”; dijo el abogado Jesús Alberto Gerrero que representa a las familias de los tres trabajadores de Copicosa que fallecieron en la explosión.
Afirmó que si se aplicaría de verdad la ley, a las familias les tocarían entre 10 millones y 12 millones de pesos por indemnización, sin embargo, hoy tienen que vivir de prestado.
El abogado detalló que el pago de indemnización por muerte debería de ser de tres millones 880 mil pesos, mientras que cada familia debería de recibir una indemnización adicional por daño moral de cinco millones 180 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Además según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un pago por concepto de lucro cesante, evaluado a un millón 297 mil pesos, debería ser entregado a los familiares. Este pago representa el pago de lo que en vida dejará de ganar la víctima hasta su promedio de vida.
“En total, las familias deberían de recibir entre 10 millones y 12 millones de pesos en indemnización”, afirmó Guerrero.
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