Los productores del documental Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández Ruiz, no tendrá que pagar 3 mil millones de pesos demandados por tres personas que aparecieron en el filme, como reparación por daño moral.
La juez 18 Civil falló ayer a favor de Negrete y Hernández Ruiz y los absolvió a los acusados de cualquier tipo de responsabilidad legal al haber producido la película en la que se muestra vicios del sistema judicial.
Con ello se concluye con una serie de acciones jurídicas emprendidas por tres personas que aparecieron el Presunto Culpable sin su consentimiento y por lo que exigían la reparación del daño. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien negó el amparo a Víctor Daniel Reyes Bravo, quien demandó una lactación a su vida personal.
En ese momento, la Sala determinó que la solicitud que presentó el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para el ejercicio de la facultad de atracción no fundamenta la constitucionalidad ni un conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libre expresión.
Como se recordará tres personas que se sintieron afectados en su integridad moral, social y económica por la transmisión del filme, iniciaron una demanda por la que exigían la reparación del daño.
Entre los demandantes se encontraba Reyes Bravo, quien señaló a Antonio Zúñiga como el asesino material de su primo, Israel Reyes Pacheco, y quien era menor de edad al momento de su comparecencia.
Otra demandante fue el agente de la entonces Policía Judicial de la Procuraduría capitalina, José Manuel Ortiz Saavedra, quien se inconformó por haber sido exhibido durante su comparecencia ante el juzgado 26 Penal.
Por su parte la familia Reyes Pacheco, quienes se dijeron agraviados por la exhibición de una fotografía del cadáver de la víctima.
Los quejosos argumentaron que no dieron autorización verbal o escrita para la exhibición y reproducción comercial de Presunto Culpable en diversas salas de cine, ya que hubo una edición previa de las imágenes y diálogos para conformar la hipótesis de los productores.
En su momento, el realizador Roberto Hernández Ruiz aseguró que el juicio que enfrentan por daño moral fue orquestado por el magistrado presidente Edgar Elías Azar, quien se vio afectado directamente por la exhibición de las fallas judiciales.
Inclusive la calificó como una revancha judicial en su contra por haber denunciado la mala actuación del Juez 26 penal Héctor Palomares, aunque reconoció que las personas tienen derecho a demandar, y los jueces están obligados a impartir justicia, aunque en este asunto judicial hay una misma “pluma” detrás de todas las demandas.
Como parte de la presentación de pruebas en contra de los realizadores del filme, se trasmitió de manera íntegra la película se estrenó en el 2011, la cual se hizo famosa por las prohibiciones legales para exhibirla.
Los demandantes argumentaron que se editaron los videos del juicio, y que los productores se vieron beneficiados económicamente por la exhibición la película sin su autorización, lo que les generó un daño moral.