De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)Las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión en 2013 no funcionarán si no se corrige la violencia e inseguridad reportada en el país.
“México enfrenta serios problemas en materia de legalidad y reglas del juego, que de no corregirse pronto, será imposible que cualquier reforma funcione”, afirmó el organismo en el análisis “Inseguridad sigue haciendo mella en la actividad económica”.
Según la entidad, la delincuencia e inseguridad obstaculizan el crecimiento económico, aumenta la pobreza, así como provoca el cierre de empresas, caídas en la inversión y en la formación de capital, pérdida de competitividad y una menor generación de empleos.
“Una de las principales preocupaciones actualmente, es el elevado nivel de inseguridad que priva en el país, toda vez que su permanencia pone en riesgo no solo el patrimonio de las personas, sino otros aspectos tan relevantes como la vida, la libertad y la salud de los individuos”, señala.
Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobaron las reformas laboral, educativa, telecomunicaciones y competencia, energética y fiscal.
En diversos discursos con inversionistas, el mandatario explica las bondades y ventajas competitivas por los cambios constitucionales a la energía y telecomunicaciones, dos de los sectores que detonarán la economía mexicana, y de seguridad se limita a decir que no es un problema único de México.
“El costo monetario por persona afectada por cuestiones de inseguridad es de cinco mil 953 pesos, lo que implica un costo total equivalente a 215 mil millones de pesos, lo que representa 1.4% del producto interno bruto (PIB)”, explica el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La anterior cifra no muestran los gastos asumidos por las empresas por contratar servicios de seguridad, por lo cual una estimación sobre el valor de la inseguridad en México es muy similar a lo proyectado en análisis de organismos nacionales e internacionales, detalla.
En el documento Los Costos Invisibles de la Violencia en América Latina, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concluye que en México, el aumento de 1% en el número de homicidios tiene como consecuencia la caída de 1.8% del precio de mercado de las viviendas, recuerda el Centro de Estudios.
Agrega que el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) estimó en 2009 que el costo de la inseguridad en México supera el billón de pesos, lo que representa 9% del PIB.
“La inseguridad que vive el país actualmente se agudiza, convirtiéndose, en opinión de especialistas, en uno de los principales factores que puede ser obstáculo para un mayor dinamismo de la actividad económica”, expresa el órgano.
El CEESP asegura que es fundamental consolidar una mejora del estado de derecho y dotar de una clara certeza jurídica al país, toda vez que esto estimula la confianza de la población a denunciar los delitos sabiendo que tendrán una resolución favorable.
También pide fortalecer la legalidad y al mismo tiempo combatir la delincuencia y la corrupción, ya que sólo de esa manera se fortalece la inversión productiva y la creación de nuevos empleos.
“Es claro que la seguridad pública debe ser provista por el Estado para cumplir tanto con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente que fomente el desarrollo del país”, comenta.
Un eficaz sistema público de seguridad no sólo asegura la integridad física de las personas y brinda protección a sus bienes e inversiones, sino contribuye a la cimentación de un estado de derecho cuyos beneficios se traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen de la mejor manera sus actividades productivas, añade.
“La permanencia de corrupción, ilegalidad, impunidad, falta de certeza jurídica y ausencia de estado de derecho, alimentan la inseguridad”, dice.
“Pero no solo esto es preocupante, sino que se da en un entorno en el que hasta el momento no hay un compromiso claro de la clase política para enfrentar el problema”, concluye el Centro de Estudios.