La discusión y aprobación de las normas secundarias correspondientes a las reformas constitucionales aprobadas el año pasado son prioridad legislativa para el próximo periodo de sesiones ordinarias, señaló Manlio Fabio Beltrones.

 

En un comunicado, expuso que el trabajo debe continuarse con agilidad, responsabilidad y transparencia, para mantener la dinámica de acuerdos legislativos y realizar las modificaciones legales que garanticen la materialización del proyecto de transformación nacional.

 

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados destacó que la prioridad son las normas secundarias de las reformas estructurales en energía, telecomunicaciones, transparencia y la político-electoral.

 

“Tenemos la responsabilidad de traducir de manera correcta el espíritu y la sustancia de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia económica, que permitan concretar los cambios, con especial atención en los órganos reguladores y con el objetivo de crecer a tasa sostenida”, destacó.

 

Beltrones Rivera indicó que se debe mantener la inversión productiva y generar empleos en busca de un crecimiento equitativo y sustentable para reducir la pobreza y erradicar el hambre.

 

Aseguró que una vez hecha la declaratoria constitucional de la reforma político-electoral, lo que resta es esperar que el Ejecutivo federal la promulgue para llevar a cabo el análisis de las leyes secundarias.

 

Se tendrá que hacer un estudio en materia de partidos políticos, organismos y procedimientos electorales, delitos electorales, y propaganda gubernamental, así como integrar a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información (IFAI), antes de proceder a la selección del nuevo consejero general del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Llamó a los diputados a llevar a cabo un intenso ritmo de trabajo en las comisiones, para sacar adelante unos 50 dictámenes pendientes, entre los que destacan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la minuta Reforma Constitucional en materia de Transparencia y la Reforma a la Ley Reglamentaria al Servicio Ferroviario.