El gobierno federal y estatal no atendieron ni solucionaron el problema de violencia e inseguridad en Michoacán, a pesar de que en mayo de 2013 fue planteada una estrategia de seguridad, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de esa entidad.
“En mayo de 2013 se tuvo una visita del gabinete de seguridad a Michoacán, se habló que se haría una estrategia de seguridad, yo considero que realmente no se dio una atención al problema”, advirtió Luisa Estela León Marín, presidenta de Coparmex Michoacán.
En opinión de la empresaria, fue una visita realizada y no se atendió el problema ni se le dio el seguimiento oportuno y es por eso que el problema escaló a estas dimensiones.
Calificó como focos rojos las acciones de violencia reportadas en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, en los últimos siete días y los atentados en contra de la Comisión Federal de Electricidad registrados en 2013.
“Ese ambiente de inseguridad inhibe la inversión de los empresarios michoacanos y de los extranjeros”, advirtió la dirigente empresarial.
“El tema de seguridad no sólo se resuelve con la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y estatal; el tema va más allá de eso y se tiene que recuperar todo el tejido, así como invertir en educación e infraestructura”, dijo.
Michoacán necesita el llamado a la unidad de todos los sectores para darle la vuelta a este tema, manifestó León Marín.
El 2014 inició con una preocupación creciente sobre la inseguridad que priva en diversas zonas del país, y que son las que históricamente ha sido origen de diversos movimientos sociales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre los más importantes, informó por separado el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Desafortunadamente, esto también coincide con el hecho de que estas entidades han sido las menos beneficiadas por la inversión extranjera, toda vez que no se percibe un ambiente de estado de derecho confiable para canalizar flujo de capital, por lo que la falta de empleos formales y mejor remunerados ha sido un común denominador, incidiendo negativamente en el bienestar de la población”, dijo el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“El tema de seguridad vuelve a tomar fuerza y como tal se deben tomar cartas en el asunto”, agregó el organismo.
Los hechos de inseguridad en algunas entidades pueden ser un factor determinante para concretar nuevas inversiones, además que encarece la operación de las empresas por el gasto en vigilancia y las obliga a migrar hacia otras regiones dentro y fuera del país, afirmó Mario Correa, director de Estudios Económicos y Planeación Estratégica del grupo financiero Scotiabank.
El analista explicó que los escenarios de violencia se están concentrado en algunas regiones y no percibe que se algo que se haya generalizado en toda la República Mexicana.
“La problemática está muy enfocada a algunas regiones del país, las cuales tiene un impacto bastante negativo sobre la actividad económica y negocios”, señaló.
El economista agregó que la inversión se mueve y es captada por regiones donde hay condiciones más favorables, en lugar de las zonas donde no se está dando la certidumbre jurídica y de seguridad.
“No es un tema generalizado ni percibo una preocupación en los mercados financieros por este tipo de temas”, expresó.
La violencia genera costos adicionales para las empresas, porque deben invertir en seguridad, así como tienen pérdidas en las operaciones, dijo Correa.
“Esperamos acciones y estrategias importantes que el gobierno anunciará en las próximas semanas, en relación a temas que nos preocupan de sobremanera como el secuestro, la extorsión, las llamadas autodefensas comunitarias y la situación en algunas zonas del país donde urge que se tomen medidas de emergencia”, manifestó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El líder empresario manifestó que es necesario que la vigencia del Estado de derecho sea una máxima en el devenir social, político y económico de México: tolerancia en la pluralidad, pero dentro de los límites de los derechos fundamentales de todos.