El gobierno federal designó por primera vez un fondo específico para las víctimas de delitos de alto impacto, el cual alcanza este año los 450 millones de pesos. El problema es que aún no se puede repartir.
Aunque el dinero ya está, y no se puede usar para otra cosa, la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas del Delito no tiene listos aún los manuales operativos y el fideicomiso que se requiere para comenzar a suministrar este fondo, contemplado en la Ley General de Víctimas promulgada hace un año.
Sin precisar una fecha de cuándo las víctimas podrían comenzar a solicitar este apoyo o cómo hacerlo, el comisionado Juan Antonio Hernández Barros señaló que trabajan para que esto ocurra lo “antes posible”, pues reconoció que las víctimas ya han esperado mucho para que esto ocurra.
“Este Fondo además de las directrices y manuales de operación que se están elaborando requiere de algunos trámites de carácter puramente organizacional como la creación de un fideicomiso, con el compromiso de los que participen en el mismo que son los bancos y el Estado”, indicó.
Hernández sostuvo que aunque apenas ayer entró en vigor el decreto por el que se creó la Comisión Ejecutiva, desde octubre los comisionados trabajan en el diseño del fondo, así como en el Registro Nacional de Víctimas.
El comisionado además minimizó la falta de reglamento de la Ley General pues según él, no es indispensable en el corto plazo, y sostuvo que no es obstáculo para trabajar en el diseño de las políticas públicas del nuevo sistema de atención.
“La realidad es que es indispensable la existencia de un reglamento, pero a la larga y lo vamos a tener. Nosotros en su oportunidad hicimos ya los comentarios y está en manos del Ejecutivo y seguramente pronto será publicado”, señaló.
Violencia rebasó al sistema
La comisionada presidenta Olga Noriega Sáenz, reconoció el trabajo que hizo la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), creada en el 2011, y que ya fue sustituida desde ayer por la Comisión, pero advirtió que la violencia rebasó las opciones de atención que ofrecía el Estado.
“La víctima ya no puede seguir sufriendo como hasta ahora. Si bien no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que estuvo haciendo hasta el día de hoy Províctima, pero el problema supera en mucho la situación de violencia que vemos en nuestro país. La víctima necesita ser escuchada, necesita ser atendida”, comentó.
Los siete comisionados destacaron el hecho de que ahora existe una base jurídica sobre la que opera el sistema nacional de víctimas.
Adelantaron que en breve se lanzará una convocatoria dirigida a organizaciones no gubernamentales para una serie de audiencias en las que se preparará la propuesta del Programa Anual de Víctimas el cual, establecerá los protocolos y lineamientos de atención que deberán seguir todas las dependencias.