Ojalá que esto que te voy a pedir para esta Navidad no sea demasiado. Y es que de verdad necesito de tu ayuda para entender el enfoque de país que las autoridades tienen para el México del 2014.
Por un lado hay un nuevo marco legal para el sector financiero que, entre otras cosas, busca promover la bancarización -ahorro, consumo de crédito entre otros servicios-. Pero por el otro veo una reforma fiscal que desalienta por completo ese objetivo.
Por ejemplo, el marco fiscal vigente para el 2014 elimina el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), un mecanismo de control para identificar a personas que podrían estar generando ingresos en actividades informales, o bien retirando utilidades de pequeños negocios transfiriéndolas a cuentas particulares.
Una eficiente herramienta de control instrumentada por la administración de Felipe Calderón que, si bien, no tenía el objetivo de elevar significativamente la recaudación servía para ‘echarle el ojo’ a posibles evasores de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
No entiendo por qué si el mandato de los contribuyentes cautivos es justicia y equidad en el cobro de impuestos ¿por qué entonces la autoridad y los legisladores privilegian impunemente a los tianguistas y demás comerciantes ilegales con la eliminación del 3% del IDE?
Ahora, como una medida compensatoria el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pide a los bancos que en cada depósito a cuenta quede registrado el Registro Federal de Causantes (RFC) del cuentahabiente sin importar la procedencia del dinero.
Es decir, si es un tianguista, una persona legalmente productiva o una señora de edad que recibe dinero de sus hijos para su manutención, sus depósitos bancarios quedarán por igual referenciados con su RFC en los reportes que cada institución debe hacer por ley ante el fisco.
No entiendo, ¿será que el SAT cuenta con la infraestructura mínima para revisar, visitar y verificar la procedencia del dinero de millones de cuentahabientes que realizarán depósitos en efectivo? ¿Los beneficios anuales de esto serán suficientes para financiar la operación y elevar significativamente la recaudación?
Otra pregunta: ¿Hay presupuesto adicional para echar a andar la costosa herramienta de la Discrepancia Fiscal para que la autoridad determine cuánto gastó al año cada constribuyente con base en su historial bancario y declaraciones para determinar su relación ingresos/gastos? ¿ Sí? Y cuánto se calcula recaudar?
El argumento de invitar al informal a formalizarse es infantil e ingenuo. Si alguien vende comida sin licencia sanitaria en un tianguis o vende piratería o mercancía robada en un tianguis ganando cuantiosas ganancias pues no va a recurrir a la bancarización, no se la va a jugar a dejar huellas legales de sus ganancias. Va a seguir evadiendo.
¿Que no era mejor, más práctico y moderno dejar que el banco retuviera el 3% del IDE?
Por otro lado se elimina también el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) también propuesto por la administración anterior para meterle mayor control a la planificación fiscal vía ISR de las empresas. También su objetivo no era el de recaudar más sino minimizar la evasión del impuesto sobre la renta.
Así pues, se queda la misma base de contribuyentes de unos 20 millones de mexicanos que financian lo que deja de pagar la actividad productiva informal (ilegal), que equivale más menos al 60% del PIB. En mejores palabras la mayor parte del músculo económico del país no paga impuestos.
Muchos dirán que el comercio informal es una válvula de escape ante la falta de empleos en la iniciativa privada, por eso -con todo lo bizarro que implica semejante realidad- se tolera o regula la ilegalidad comercial en México.
Bueno, y ¿qué no sería mejor apoyar a las empresas a que tengan incentivos para reinvertir utilidades y consecuentemente generar empleos en vez de hacer excepciones en la aplicación de la Ley? ¡No entiendo por qué no se hace!
Muy por el contrario se le limita a los patrones -a las empresas- la deducción de sueldos pagados y desalienta las prestaciones lo cual al final implicará que el trabajador gane menos dinero en términos reales, pues si los empleadores monetizan las prestaciones -en vez de dar vales de gasolina dan efectivo- el empleado tendrá que declarar más ingreso y consecuentemente pagarle más al fisco.
La nómina es un gasto necesario para producir, no hay razón para limitar su deducción. Pareciera que el Gobierno lo que hace con esta medida es presionar a la iniciativa privada para que vía el empleador el trabajador pague más impuestos.
Por si fuera poco, la deducibilidad de diversos servicios como comidas, médicos, entre muchos otros, baja del 12.5 al 8.5%. No entiendo.
Santa, creo que lo que te pido está complicado pero mucho agradeceré intentes explicarme porque de plano no entiendo qué clase de México está construyendo esta administración. Gracias.
Al margen de cualquier interpretación irónica…
¡Felicidades a todos!