En el país existen todavía 15 millones de inmuebles que carecen de escrituras y cinco millones de lotes habitacionales que se encuentran en la informalidad, irregulares o ilegales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Durante 2012, se escrituraron en México alrededor de 16 mil propiedades, luego de que en las últimas cuatro décadas se regularizaron 67 mil 500 cada año, en promedio, para sumar 2.7 millones de lotes.
De acuerdo con la dependencia, la reducción del número de viviendas que se han regularizado en el país mediante la entrega de escrituras se debe a una estrategia poco eficiente en la gestión del suelo.
Además, la Sedatu estima que a nivel nacional se fraccionan 90 mil lotes irregulares cada año, los cuales son habitados en promedio por 360 mil personas.
Este fenómeno se debe en gran medida al crecimiento desproporcionado de las grandes urbes. Cifras del Catálogo del Sistema Urbano Nacional de 2012 identifican 384 ciudades en el país con más de 15 mil habitantes, divididas en 59 zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros urbanos. En estas urbes habitan 81.2 millones de personas, que representan 72% de la población nacional.
Dicho comportamiento territorial afecta, además de la calidad de vida de las personas, a la economía nacional, debido a que el potencial del impuesto predial no es aprovechado correctamente, ni como herramienta para orientar el desarrollo urbano ni como una fuente primordial de recursos locales.
Según estimaciones de la Sedatu, el predial que recaudan los municipios mexicanos equivale a 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB), dadas las irregularidades de gran parte de las viviendas, mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recaudan en promedio 10 veces más (1% del PIB).
El suelo en las ciudades ha perdido su función social y se ha mercantilizado en extremo. Esto ha limitado las posibilidades del Estado de ofrecer suelo de manera directa para usos y funciones urbanas prioritarias como son lotes habitacionales para las familias más pobres, suelo para infraestructura y equipamientos urbanos, espacios públicos y áreas verdes, entre otros, advierte la dependencia federal.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para atender las necesidades del crecimiento urbano, que podría alcanzar 137.4 millones de habitantes en 2030, es necesario impulsar una mayor densidad habitacional en función del tipo de ciudad y de los equipamientos disponibles.
Para ello, propone generar, en conjunto con los gobiernos locales, un esquema de incentivos normativos y tributarios adecuados para el sector inmobiliario, que oriente la localización de los desarrollos habitacionales de manera que permita darle un uso más eficiente al suelo, de acuerdo con los planes de desarrollo urbano y criterios de densificación y sustentabilidad.
De esta manera, durante los próximos cinco años la estrategia federal en materia de vivienda estipula entre sus objetivos el incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y las zonas metropolitanas, consolidar ciudades compactas, productivas y sustentables, que eleven la calidad de vida de sus habitantes, así como fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales con estándares de calidad internacional.