Entre protestas, enfrentamientos, calificativos de traidores y cercos, legisladores de 16 Congresos estatales aprobaron fast track el dictamen de la reforma energética, por lo que ya es considerada como Constitucional y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, podrá promulgarla en los siguientes días.
La reforma plantea, a grandes rasgos, cambios constitucionales para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado y extranjero.
Para evitar la promulgación de la reforma, diversas organizaciones, como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador, cercaron desde el jueves pasado las sedes legislativas en diversas entidades. Sin embargo, a pesar de la movilización ciudadana, la minuta fue avalada en su mayoría por legisladores estatales del PRI y PAN.
Un día después de que el Congreso de la Unión aprobara el dictamen, el jueves, el documento fue enviado discretamente a los Congresos locales para que lo aprobaran de inmediato. El primero en ratificar la reforma fue el estado priista de Chiapas; luego le siguieron Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
Ayer, fueron los diputados de Puebla quienes aprobaron la reforma energética, por lo que esta entidad se convirtió en la número 16 en dar el sí a los cambios a la Constitución en sus artículos 25, 26 y 27. Ayer, también se sumaron los Congresos de Yucatán y Tamaulipas.
Únicamente los diputados locales de Tlaxcala se opusieron a la aprobación de la reforma a los sectores petrolero y eléctrico el sábado pasado, cuando militantes de Morena y otras agrupaciones civiles y estudiantiles cercaron la Cámara de Diputados de esa entidad para impedir el paso a cualquier legislador.
Pero fueron las bancadas de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Alianza Ciudadana –de registro local- y de la Revolución Democrática (PRD) que impidieron la aprobación en aquel estado, pues bajaron del orden del día la discusión de la reforma energética.
En la mayoría de los estados las protestas ciudadanas contra la reforma fueron duras. En el congreso de San Luis Potosí, al menos 40 jóvenes fueron desalojados de la sede e, incluso, hubo enfrentamientos con la policía. Los enfrentamientos también se repitieron en Guadalajara. Mientras que en Hidalgo, los legisladores locales tuvieron que entrar disfrazados como reporteros, otros saltaron bardas y entraron por diversos accesos.
Así, en tan solo tres días, esta reforma alcanzó la mayoría de Congresos locales para ser promulgada por el titular del Ejecutivo federal, quien se encargará de hacerlo público en el Diario Oficial de la Federación.
Morena cumplió su cometido
La dirigencia nacional de Morena logró su cometido. Cercó todos y cada uno de los recintos legislativos estatales donde se discutía la reforma energética, pero las protestas no pudieron frenar el dictamen impulsado por el PAN, PRI y gobierno federal.
De acuerdo con Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la organización civil, el siguiente paso de la lucha por la defensa de los energéticos es una denuncia penal contra el Presidente Enrique Peña Nieto, por traición a la patria.
Además, se alistan protestas en contra de los legisladores federales y locales que avalaron la reforma y quienes son señalados de traidores y vende patrias.
De acuerdo con el Artículo 135 de la Constitución, las reformas deben ser aprobadas por la mayoría de los 31 congresos estatales, lo cual con 16 avales la iniciativa constitucional puede ser promulgada.
Estados que avalaron
Chiapas
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Durango
Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Nayarit
Querétaro
Quintana Roo
Sonora
Veracruz
Yucatán
Tamaulipas
Puebla
Estado que la rechazó
Tlaxcala
Artículo 135: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.