Mientras los políticos no dejen de ver a los maestros como un botín político y continúen las negociaciones “en lo oscurito” en torno con las dirigencias sindicales y los gobiernos estatales, la aplicación de la reforma educativa será incompleta, aseguraron organizaciones civiles.
“Ha sido muy lamentable que una reforma que tiene todos los méritos para ser defendida se esté comprando con dinero, cuando en todo caso ese dinero debería ser para mejorar las condiciones salariales de los maestros que sí están dando clases, para reducir la gran inequidad que existe en el recurso educativo, para limitar la ineficiencia e ineficacia del gasto educativo y para someter a rendición de cuentas a quienes han desviado los recursos a fines no educativos”, dijo Alberto Serdán, investigador de Mexicanos Primero.
En entrevista destacó que si bien ésta es una reforma política de las instituciones dedicadas a la educación, el gobierno dio el primer paso que se requería para que el Estado –que incluye a la sociedad, organizaciones civiles y comunidad-, retomara la rectoría del sistema educativo.
Las reformas previas se habían enfocado en contenidos y cuestiones pedagógicas, como la gran reforma educativa de 2009, que no se atrevió a tocar algo indispensable, que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La educativa, fue la primera de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto en concretarse, incluidas las tres leyes reglamentarias y las dependencias derivadas de ellas.
No obstante este avance, los docentes de la CNTE, movilizados desde febrero pasado, “ya le tomaron la medida al gobierno” y han obtenido beneficios económicos como los mil millones de pesos entregados a la Sección 22 de Oaxaca.
Pero también los del Sindicato han sacado provecho de esta situación, bajo la premisa de que “si no negocias conmigo todo el magisterio se va a comportar como el magisterio de Oaxaca y entonces van cinco mil millones de pesos”, refirió Serdán.
Por su parte, México Evalúa lamentó que las leyes reglamentarias haya quedado limitadas debido a estas presiones magisteriales, como en la prohibición de hacer públicos los resultados de la evaluación o la eliminación de los dos años de inducción al servicio docente antes de obtener el nombramiento definitivo.