La toma del poder en varios municipios michoacanos por grupos de autodefensa civil, es el equivalente político y jurídico a un golpe de Estado en un microsistema de gobierno. No hay alcaldes que administren presupuestos, ni den servicios a la comunidad o tomen las decisiones que les competen. Hoy, paramilitares hacen esas funciones en al menos seis municipios cuyo instrumento inhibidor son fusiles de asalto. Pero con todo lo que significa esta afrenta a las instituciones, no es lo más grave que sucede en Michoacán. No porque no lo sea, sino porque solucionar la inestabilidad sin restablecer la gobernabilidad, es ir a un callejón sin salida.

 

Michoacán tiene lustros de vivir en la zozobra. El deterioro social, político y económico terminó con 12 años de gobiernos del PRD y votó por que el PRI regresara al poder. Fausto Vallejo ganó la elección en noviembre de 2011 y de acuerdo con políticos expertos en los temas michoacanos, desperdició la oportunidad para reconstruir su estado al establecer una alianza con el ex gobernador Leonel Godoy, quien dejó una deuda de 38 mil millones de pesos –la más grande de los estados-, y un déficit de 10 mil millones. Heredó de su antecesor Lázaro Cárdenas Batel un estado infectado de cárteles de la droga, y lo dejó convertido en un campo de batalla, que llevó a los michoacanos a vivir el momento más angustiante de su historia.

 

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