En medio de los acuerdos para aprobar una reforma hacendaria, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que “quizá lo cómodo sería no hacer nada”, respecto a los debates por las iniciativas en las Cámaras de Diputados y Senadores; no obstante, sostuvo que su administración está “resuelta a cambiar y transformar al país”.
Ayer, al inaugurar la planta de ensamble de la automotriz Chrysler Pro-Master en Saltillo, Coahuila, el mandatario aseguró que México goza de una civilidad política que se comprueba con la aprobación de reformas trascendentales, además de los compromisos para echar a andar iniciativas pendientes.
“Les comparto que las reformas financiera, económica, la apertura en el sector de comunicaciones, reforma educativa, son reformas que están dando un mejor marco al desarrollo del país. Que se habían pospuesto por muchos años, ahora en el clima de la civilidad política, de acuerdo en el país plural y democrático, se generan mayores acuerdos para hacer lo que el país demanda y exige”, aseveró.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal dijo estar consciente de las resistencias que existen en la aprobación de algunas iniciativas impulsadas por su gobierno, “pero estamos dispuestos a romper las inercias”.
Ante empresarios de la industria automotriz, Peña Nieto se refirió a las reformas energética, financiera, de telecomunicaciones y educativa como las que traerán a México cambios a corto, mediano y largo plazo.
Inversión extranjera
Durante la inauguración, el Presidente de la República adelantó que este año la inversión extranjera directa podría superar los 35 mil millones de dólares.
En este sentido, aseguró que inversiones como la de Chrysler –empresa que anunció una inversión por 1,249 millones de dólares- son muestra de las ventajas que ofrece México.
“Hay empresas que están volteando los ojos al país y hay inversiones productivas en el desarrollo de México. Somos el octavo productor y cuarto exportador de vehículos a nivel mundial, además del quinto productor de autopartes”, expuso.
Rechaza PAN aumentar IVA en la frontera
Los habitantes de la frontera del país se verán afectados en rubros como el comercio, la inversión, el desarrollo económico y el empleo, advirtieron el gobernador de Baja California, José Osuna Millán, y el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal.
Al dar a conocer un informe del Colegio de la Frontera Norte (Colef) sobre el impacto que tendría ampliar el IVA del 11 al 16% en la franja con Estados Unidos.
“Es una puñalada trapera”, la intención del gobierno federal la intensión de modificar de 11 a 16 por ciento al impuesto al valor agregado (IVA)”, afirmó Villareal.
“El PAN dice no al incremento del IVA en las fronteras, porque ponemos a los ciudadanos de estas zonas del país en franca posición de incompetencia con países vecinos, porque nos parece que ponemos en riesgo inversiones y crecimiento económico de estas zonas”, dijo.
El documento –que fue entregado al coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del que 24 HORAS tiene copia, considera que se trata de un incremento real a la carga fiscal para los residentes de esta zona, del orden del 45% de la tasa impositiva.
“El aumento de 5 por ciento al IVA en la zona ocasionará efectos económicos y sociales negativos, principalmente para Baja California y en general para las comunidades en la región y franja fronteriza”, revela el estudio del Colef.
Advierte que, en términos absolutos, 7.5 millones de habitantes estarían expuestos al mayor impuesto, teniendo los mismos una representatividad de casi 40%, respecto a la población de los entidades del norte y de 6.6% con relación al país.
En síntesis, sostiene el estudio, “empeorará la distribución del ingreso de las familias en Baja California. Los más pobres dedican al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y externo, por tanto todo lo que ganan y consumen pagará IVA”.
En este sentido Osuna Millán expresó que homologar el IVA traería una caída del 19.86% del consumo de las familias, reducción de 29 mil 789 empleos y una baja del total de salarios de mil 441 millones de pesos, sin tomar en cuenta la caída de dos puntos al Producto Interno Bruto (PIB).