El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, adelantó que a más tardar el 20 de octubre deberá estar listo el reporte final de las investigaciones sobre las causas que dieron pie al derrumbe de casas en Guerrero, así como las responsabilidades de autoridades que habrían contribuido al desastre por los permisos irregulares para construir.
En entrevista de radio el funcionario federal, responsable de levantar el censo en materia de daños a viviendas e infraestructura urbana, precisó que el principal antecedente de construcciones irregulares es de 2001, cuando existió un plan de desarrollo urbano en el puerto turístico.
El plan contempló “una serie de reservas que evidentemente no se cumplieron, también, el atlas de riesgo de la Sedesol ya decía que era una zona de riesgo por inundaciones”, señaló Ramírez Marín.
Confirmó que la investigación abarca a los tres niveles de gobierno y detalló que un futuro los alcaldes tendrán que verificar físicamente si el permiso que pretenden autorizar es viable, a partir de una calificación de la tierra.
En el caso de La Pintada, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, recordó que en 1994 ocurrió un deslave en la misma zona, la cual se reconstruirá en otro lugar para evitar futuras tragedias.
Comentó que la mancha de humedad afecta a casi 51 mil viviendas, inunda a más de 32 mil y destruye, en el caso de Acapulco, a más de mil 200 viviendas.
Dijo también que sobre el censo de viviendas dañadas llevan un avance del 94% del conteo y que son más de 10 mil viviendas las que tendrán que ser reconstruidas con presupuesto de la Sedatu, el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).