Juntos por la Educación, que agrupa a 300 organizaciones, demandaron al Congreso de la Unión que en las leyes secundarias de la reforma educativa se establezca la no injerencia del SNTE en la definición de planes y métodos pedagógicos.
Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron a los legisladores que se les incluya formalmente en los consejos técnicos de las escuelas y de los gobiernos municipal, estatal y federal, donde se discutan únicamente temas educativos.
El documento Propuestas Ciudadanas para la Reforma Educativa, entregado ayer en el Senado, está respaldado por el Instituto de Fomento a la Investigación Educativa, Suma x la Educación, Consejo Nacional Autónomo por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia, Coalición Ciudadana Muévete por la Educación, Sociedad en Movimiento Más Ciudadanía, Empresarios por la Educación Básica, Reforma Política Ya, A Favor de lo Mejor, entre otras asociaciones.
“No se trata de que la sociedad civil tome la rectoría de la educación, para nada. Pero sí que su voz sea más escuchada porque conocen el sistema educativo. Proponemos que haya una mayor representación y que en los consejos la mayoría sea sociedad civil, no funcionarios públicos”, expuso Francisco Landero, presidente de Suma x la educación.
Para ello las organizaciones solicitaron que en los artículos 69, 70,71 y 71 de la Ley General de Educación se elimine la representación sindical en los consejos, para evitar que allí se atiendan temas de derechos laborales.
“El sindicato es fundamental para esta reforma, pero lo que sí estamos pugnando es que sea en su ámbito, no a meterse a decisiones educativas, no tomar decisiones o imponerse en planes y programas, en métodos pedagógicos, en calendario escolar. Eso justamente corresponde a la comunidad escolar”, añadió Landero.
Las organizaciones, comentó, ya están buscando a Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para plantearle esta propuesta y establecer un diálogo con el organismo sindical, para que los temas laborales se traten en otras instancias.
Las reformas a las leyes de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación deberán estar concluidas el 26 de agosto próximo, como lo marca el documento de la reforma educativa.
Sin embargo, las organizaciones insistieron en que la evaluación de los docentes debe delinearse en la Ley del Servicio Profesional Docente para que el maestro que no esté capacitado realice trabajo administrativo.
Al respecto, Miguel Alonso Raya, diputado federal e integrante de la Segunda Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, apuntó que en el Congreso de la Unión no se discutirá el tema laboral dentro del educativo.
Recordó que el borrador del servicio profesional docente, donde se establecen tres años de prueba antes del contrato definitivo, contraviene la Ley del Trabajo que decreta sólo seis meses de contratación a prueba.
“En la reforma laboral se aprobaron estos contratos por seis meses. ¿Por qué vas a meter a la gente en contratos a tres años? Eso está violando la ley”, afirmó el legislador.
Por ello, advirtió que si se pretende discutir el tema laboral en las leyes secundarias de educación, éstas no saldrán el 26 de agosto como está establecido y saldrán “en el momento en que se logren los acuerdos”.