Los datos sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos sólo serán divulgados si estos lo permiten, porque de lo contario se atenta contra la privacidad al publicitar datos personales, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se previó desde el martes pasado, el Pleno de la SCJN desechó el proyecto del magistrado José Ramón Cossío Díaz, con el que se pretendía que los datos de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de todos los niveles de Gobierno se hicieran públicos.
Esta resolución sienta un precedente en aquellas solicitudes que puedan realizar particulares a las instituciones públicas u órganos encargados de la información pública y trasparencia, ya que cualquier funcionario se puede negar a que su declaración patrimonial se divulgue bajo el argumento que atenta contra su privacidad y pone en riesgo sus datos personales.
La postura de los ministros se mantuvo como la sesión anterior, ocho votos en contra del proyecto, y dos ministros, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, se manifestaron por entregar el amparo al particular y hacer una “interpretación conforme” y llegar a un consenso entre los conceptos de datos personales y derecho a la información pública.
Seis de los ministro lo desecharon de facto, al reiterar su postura en contra de hacer públicos los “datos personales” sin la autorización del servidor público en cuestión, al considerar que se violaba el precepto constitucional del derecho a la privacidad.
Mientras tanto, los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández y el propio ponente, José Ramón Cossío, votaron a favor del proyecto, ratificando su primera postura en la discusión.
Desde el principio de su ponencia, Cossío Díaz defendió su proyecto inicial a pesar de los severos señalamientos que le hicieron sus pares sobre la protección de los datos personales y el derecho a la información, e inclusive desechó categórico la posibilidad de la “interpretación conforme”, al considerar que no tiene lugar una discusión sobre el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Por ello, el único que volvió a tomar la palabra durante la sesión fue el ministro Arturo Zaldívar, quien se pronunció a favor de entregar el amparo sobre la situación patrimonial de los 500 diputados federales bajo el esquema de la información pública, aunque se negó a otorgar el voto a favor del proyecto global de Cossío. En el mismo sentido fue el voto de la ministra Sánchez Cordero.
Cabe destacar que la discusión ante del Pleno de la SCJN derivó del estudio de la solicitud de amparo del quejoso por la negativa de la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior de la Federación, de entregar las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de cada uno de los 500 diputados federales.
La negativa se fundamentó en el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.