México ha incumplido “de forma integral” con las 91 recomendaciones que en materia de Derechos Humanos hizo hace cuatro años la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Previo a la nueva evaluación del país para verificar el cumplimiento en esta materia, en octubre, el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, advirtió que entre los pendientes destaca la falta de reglamentos y códigos para que las reformas en DH ya aprobadas puedan aplicarse.
Además, agregó, hay ausencia de mecanismos efectivos para combatir delitos graves, como la desaparición forzada de personas y la violencia contra las mujeres.
Peña Palacios recordó que en 2009 la ONU realizó una primera evaluación sobre la situación de las garantías individuales en el país, en el marco del denominado Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), que se aplica anualmente en los estados adheridos a Naciones Unidas.
En aquella primera verificación se giraron 91 recomendaciones a México en materia de Derechos Humanos, entre ellas mecanismos para prevenir e investigar violaciones a las garantías individuales.
El representante del Alto Comisionado explicó que en los últimos años el país materializó esfuerzos para avanzar en la materia, como por ejemplo las reformas en derechos humanos y amparo.
“Sin embargo, este nuevo rostro constitucional en materia de Derechos Humanos aún carece de todas las leyes necesarias secundarias, para la implementación de las reformas constitucionales”, sostuvo Peña.
También reconoció que el Pacto por México contempla la actualización del marco jurídico para perseguir situaciones graves, como las desapariciones o la tortura, pero recalcó que en la práctica no se ha materializado, como lo recomendó la ONU.
“Frente al lacerante fenómeno de la desaparición forzada aún se precisa una respuesta legislativa integral en los términos recomendados por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas”, señaló.
Peña Palacios adelantó que en julio el gobierno de México deberá entregar un Informe Nacional sobre el avance de las recomendaciones giradas y sobre la situación general en materia de Derechos Humanos en el país, el cual será uno de los elementos que se considerarán en el examen que realizará el organismo en octubre.
El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González, prometió que el informe que se entregará a Naciones Unidas será una revisión “a fondo” de los compromisos adquiridos por México en la materia.
“Hay temas recurrentes que abriremos espacio al dialogo sobre las recomendaciones del 2009 como la eliminación de la discriminación, la violencia contra las mujeres (…) la evaluación que se haga tiene que ser exhaustiva”, señaló.
Por su parte, la subprocuradora Jurídica de la PGR, Mariana Benítez, señaló que una de las recomendaciones de la ONU está relacionada con la implementación de la reforma penal, proceso que aún no se ha concluido en el país. Destacó que la actual administración federal está “comprometida” a impulsar este proceso.
Prestigio en juego
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, recalcó que si bien la evaluación que realiza la ONU no tiene como objetivo evidenciar a los mejores países y peores en el respeto a las garantías, si es un mecanismo que evidencia el avance democrático de las naciones.
“No se trata de hacer un ranking pero si necesariamente va el prestigio de la construcción democrática y convivencia civilizada, y el aprecio por la dignidad de las personas en la sociedad (…) México si quiere ejercer su liderazgo y quiere tener credibilidad tiene que ser contundente en la construcción democrática, en una sociedad de derechos”, señaló.
La PGR puso en marcha ayer un foro en coordinación con el Consejo de la Judicatura para analizar el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU. De las observaciones que realizó el organismo, 34 están relacionadas directamente con el respeto a los derechos humanos en el contexto de la procuración de justicia.
CNDH, OBLIGADA A REPORTAR CAOS EN CÁRCELES
De manera obligada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar cada año sobre la situación en las cárceles y centros de detención y retención, federales y locales.
Conforme a la reforma al artículo 6° de la Ley de la CNDH, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, además de “supervisar” el respeto a los derechos humanos en dichos centros, la Comisión deberá elaborar un diagnóstico al respecto.
El decreto que hoy entra en vigor precisa que la evaluación del sistema de reinserción social deberá incluir datos estadísticos sobre el número, causas y efectos de los homicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que ocurran al interior de las cárceles y centros de retención.
Con base en este diagnóstico, las autoridades federales y locales deberán elaborar políticas públicas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
En octubre del año pasado, la CNDH presentó el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, según el cual además de una sobrepoblación de más de 48 mil internos, en 60% de los reclusorios hay autogobierno.
El informe precisó que las 10 peores cárceles están en el Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit; por el contrario, las mejor evaluadas están en Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala.
El diagnóstico reveló que desde 2010 ocurrieron 14 fugas, en las cuales se evadieron 521 internos, 75 riñas con 352 fallecidos y dos motines con dos muertos y 32 lesionados.
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